El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo pide una vez más que se recupere la gestión directa de la actividad física y deportiva de la ciudad que sigue en manos de empresa privada, más ahora que el contrato ha terminado y no hay que pagar indemnización. La privatización es solo una opción de gestión que se ha institucionalizado en Toledo, pero podemos gestionar los servicios de forma directa mejorando la calidad, abaratando el servicio y cumpliendo con las cláusulas de los pliegos de condiciones.
En el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal ha aprobado la prórroga con la empresa que actualmente gestiona la actividad física y deportiva de la ciudad, Fitness Project, por un importe de 226.928 euros para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. "Se ha prorrogado sin tener ningún informe que evalúe la calidad de la prestación hasta ahora o si se han cumplido las cláusulas del contrato. Se ha prorrogado a ojos ciegos", ha manifestado Txema Fernández, portavoz municipal del grupo.
Para la temporada 2023/2024, se ha aprobado con los votos de PP y Vox, volver a licitar un contrato de prestación de servicios para gestionar las 33.232 horas deportivas desde enero a diciembre de 2024 por un importe de 830.836 euros al año. Este pliego mantiene las mismas condiciones precarias para la plantilla de monitores y monitoras que presta el servicio que tenemos desde el 2017 y que no van a mejorarse. El Ayuntamiento licita el contrato pagando la hora trabajada a 24 euros, pero el contrato se adjudicará a quien presente la oferta más barata, siempre que el mínimo que pague a la plantilla sea de 14 euros/hora en salario bruto. "Desde 2017 se está pagando a 12,86 euros/hora bruta y a las nóminas llega entre 9 y 11 euros/hora en el mejor de los casos", ha manifestado Txema Fernández.
El contrato ha caducado y la recuperación no tendría coste de indemnización por lo que ya solo hablamos de tomar una decisión política: recuperar la gestión o seguir vendiendo la actividad municipal al mejor postor, y "PP y Vox han preferido gestionar cada vez menos. La empresa adjudicataria se hará cargo de los 118 trabajadores y trabajadoras de los 73 tienen contratos de menos de 10 horas, y nosotros podríamos hacernos cargo de ellos y ellas.
Es un mal pliego. No hay ningún análisis de la prestación hecha hasta ahora; tiene un peso de 70 puntos sobre 100 la oferta económica más barata con lo que nos olvidamos de la calidad del servicio; no permite incrementar el precio mientras dure, con lo que se castiga a la plantilla a no tener ninguna subida salarial; impone una ridícula sanción del 0,1% del precio de la adjudicación por incumplir con los riesgos laborales (840 euros) o no se impone ninguna sanción en caso de que la empresa no cumpla con la adscripción de medios materiales o de personal para la ejecución del contrato.
"Es injustificable seguir este servicio en manos de una empresa privada cuyo objetivo es mantener su negocio prestando el servicio de la forma más barata posible, pero es más injustificable que el pliego de condiciones que se ha presentado, y que es el mismo pliego que teníamos de la legislatura pasada, permita poner por delante este criterio empresarial frente a la de la prestación de un servicio de calidad", ha concluido Txema Fernández.