La sección número dos de la Audiencia Provincial juzgará entre mañana y el miércoles al alcalde Recas, el socialista Eliseo Ocaña, y a tres exconcejales de su partido (María del Mar Panes, María Isabel Panes y José López), así como a las concejalas de UCIN (Mayte Bravo) y Ciudadanos (Pilar Barroso) por un delito de prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas apreció indicios en la aprobación de la moción por la que los acusados suprimieron el sueldo de la entonces alcaldesa, Laura Fernández, y segunda teniente de alcalde, Gabriela Zamorano, así como las retribuciones del resto de concejales del Grupo Municipal Popular.
La propia exalcaldesa del Partido Popular, abogada de profesión, ha informado de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial, previsto a solo tres semanas de las elecciones municipales, a las que se presenta también Eliseo Ocaña como cabeza de lista del PSOE. María Isabel Panes figura también entre los candidatos. Como suplentes, están María del Mar Panes y José López. Por su parte, Mayte Bravo ocupa la segunda posición en UCIN.
Fernández, quien ha ejercido esta legislatura como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Recas, detalla que el alcalde y los cinco concejales se enfrentan a una pena de inhabilitación para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de entre 9 y 15 años, según prevé el Código Penal.
La mencionada moción, aprobada el 17 de diciembre de 2018, fue anulada meses después por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, por desviación de poder. El Ministerio Fiscal, «considerando que todos ellos eran conocedores de la ilegalidad del acuerdo», afirma Fernández en la nota, ha formulado acusación contra ellos.Por ello, solicita la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años y las costas.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas ha impuesto además una fianza de 32.667 euros para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del delito.
En este sentido, Laura Fernández cobraba 1.300 euros como alcaldesa de Recas en la anterior legislatura, con una liberación del 75 por ciento. Por su parte, Gabriela Zamorano percibía 1.200 euros al mes y estaba liberada en este ayuntamiento sagreño de unos 4.000 empadronados. Ambas tardaron finalmente 10 meses en recuperar las cuantías apoyadas por la anulación de la moción, en mayo de 2019, adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo.
A principios de 2022, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas archivó la querella interpuesta por el Ayuntamiento de Recas contra la ex alcaldesa Laura Fernández por presuntas irregularidades en la gestión de los préstamos derivados del Pósito Fundación D. César Cabañas Caballero, una institución creada para ayudar a los vecinos del municipio a través de préstamos de escasos intereses. «Una vez más ha quedado demostrada la irreprochable gestión del Partido Popular en los distintos periodos de gobierno en el municipio», manifestó entonces Fernández.