El campo español está acabando el primer semestre de la nueva Política Agraria Común (PAC), que regirá hasta 2027, en medio de una de sus peores sequías y de complicaciones por la dimensión de los cambios, que multiplican la burocracia, y que requieren una digitalización para la que los productores necesitan más tiempo.
El nuevo régimen, que beneficia a unos 630.000 agricultores y ganaderos, entró en vigor con el sector primario, acarreando las consecuencias de la guerra de Ucrania y en sus primeros meses está afrontando a mayores una fuerte inflación alimentaria y dos convocatorias electorales que están sacudiendo España, el tercer país más beneficiado de la PAC, con más de 47.000 millones, 7.150 millones anuales.
Las dos novedades principales de la nueva política son el incremento de la responsabilidad de los Gobiernos a la hora de aplicarla, mediante un plan estratégico nacional, y la implantación de los eco-regímenes, que suponen el 23% del presupuesto de las ayudas y que priman determinados servicios al medioambiente.
Los ecoregímenes, a los que España destinará 1.017 millones de euros anuales, son en la práctica la principal innovación para la gestión del agricultor; su cumplimiento es importante para completar la subvención y más en un año en que la sequía va a mermar las cosechas.
Entre otras medidas, promueven prácticas contra la erosión, el establecimiento de una cubierta vegetal -que en las zonas con más problemas de agua se está implantando con dificultad- o la rotación de cultivos.
Las organizaciones agrarias señalan que el diseño no es realista; según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las solicitudes de ayudas recibidas hasta ahora los agricultores o ganaderos están incluyendo ecoregímenes hasta en un 80% de la superficie.
Cuaderno de explotación
Otra innovación compleja es la introducción de un cuaderno de explotación digitalizado para planificar los cultivos y aprovechar mejor los datos que hasta ahora, en muchos casos, estaban solo en papel.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas avisan que la media de edad de los agricultores y la falta de profesionales, ante la enorme carga de trabajo, están provocando que su implantación sea difícil y, por ello, hace falta más tiempo.
Entre las medidas de flexibilización de la PAC aprobadas dentro del decreto sobre la sequía se ha retrasado hasta 2024 la entrada en vigor de dicho cuaderno y a 2025 la incorporación de toda la información obligatoria. El director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López, defiende un aplazamiento a 2026 que, añade, permitiría la normativa comunitaria.
El experto califica como «caóticos» los primeros seis meses de aplicación de la nueva PAC porque «se ha triplicado» el tiempo en que se tarda en tramitar cada solicitud y las organizaciones agrarias están «desbordadas». Pero la sequía, añade, ha contribuido a que en el campo español se esté produciendo «la tormenta perfecta», con bajas cosechas, problemas de materias primas y de abastecimiento de piensos.
El director técnico de COAG, José Luis Miguel, reconoce la complejidad añadida por este problema, pero se pregunta si «existen años normales»: «Tenemos ya el cambio climático, los ecoregímenes no son realistas y sus características se han diseñado en un despacho». Apunta en ese sentido que la mayoría de los países de la UE tienen características climáticas y agronómicas más estables que España.
Algunas ventajas
El decreto para paliar la sequía ha flexibilizado, no obstante, requisitos como los demandados para la declaración de un «agricultor activo», para el número de cabezas ganaderas mínimas para los ecoesquemas o en exigencias sobre la rotación con legumbres.
Según Miguel, la nueva PAC es «una telaraña que regula hasta las prácticas más específicas y una vuelta a la burocratización, además de reducir la autonomía del agricultor». «Se han juntado muchas cosas», concluye López.