El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales se ha declarado incompetente para juzgar al rey emérito, Juan Carlos I, en el Reino Unido en la demanda que interpuso contra él Corina Larsen por presunto acoso para que le devolviera los 65 millones de euros que le transfirió y por lo que, según su ex amante fue acosada por el propio rey y por el Centro Nacional de Inteligencia, lo que le llevó a iniciar acciones judiciales en las que reclamaba al rey emérito 146 millones de euros por daños y perjuicios. El archivo de la demanda viene justificado por la jueza Colins Rice en que la demanda tenía que haber sido interpuesta en el país del demandado cuando tuvieron lugar los hechos, y en que la demandante no la ha convencido con sus argumentos que considera poco sólidos. Esta decisión frente a la que cabe recurso, y por tanto no se ha agotado esta vía judicial, aclara el panorama judicial del rey emérito ante la que era la última causa pendiente, en la medida en que algunos hechos investigados caen fuera del ámbito de protección de la inmunidad que el rey emérito gozó hasta la abdicación de la Corona en 2014, también reconocida por los tribunales británicos.
Después de que la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria afinaran para resolver los problemas fiscales del rey emérito en nuestro país y fuera exonerado tras el pago de las cuantías pendientes con el fisco, quedaba por resolver el litigio con su ex amante en Londres, y una vez que se ha dado también un paso definitivo para su resolución queda despejado otro de los problemas esenciales para que se normalice la presencia de Don Juan Carlos en España.
Tras aquella primera visita del padre del rey Felipe VI a Sanxenxo desde que fijara su residencia habitual en Dubai, con su falta de humildad, y la reconvención que sufrió en la visita a su hijo en La Zarzuela, el resto de los viajes a España que ha realizado para participar en regatas han transcurrido dentro de la más estricta normalidad y privacidad, sin salidas de tono ni una exposición pública desmedida.
No obstante, la situación política en torno a Don Juan Carlos está lejos de quedar normalizada. Así el próximo 31 de octubre, fecha en la que su nieta y heredera al trono, la princesa Leonor, cumple la mayoría de edad y acatará la Constitución, no está invitado a las ceremonias oficiales y solo a las que tienen carácter privado. Para una buena parte de los españoles que no dejan de reconocer el papel protagonista que interpretó el rey en los primeros compases de la Transición aún pesa la sanción por sus actuaciones más personales, realizadas bajo la protección de las normas y muchos silencios cómplices, que le llevaron a dar paso a su hijo en la sucesión de la Corona.
Una vez que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha archivado la demanda en su contra es más difícil que prospere un recurso de Corina Larsen. Por ese motivo va siendo el momento en el que comience a prepararse la vuelta a España del rey emérito, para que su figura vuelva a incorporarse al paisaje nacional y trate de recuperar el crédito que él mismo se encargó de dilapidar poniendo en un brete a la institución que representaba. Sorprendentemente su hijo Felipe VI está siendo objeto de ataques por parte de la ultraderecha montaraz que es incapaz de comprender las obligaciones de un rey constitucional.