El alcalde de Recas y candidato socialista en las elecciones del 28 de mayo, Eliseo Ocaña, salió ayer de la Audiencia Provincial sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Su estadía dentro por el juicio por prevaricación fue un visto y no visto. La huelga de uno de los funcionarios de la sala de la sección segunda impidió la celebración de la sesión prevista, que queda suspendida hasta enero de 2024.
La exalcaldesa de Recas Laura Fernández aguardaba también dentro de la Audiencia Provincial la celebración del juicio. El origen de la petición de 11 años de inhabilitación para Ocaña y otros cinco concejales se remonta al 17 de diciembre de 2018. Por entonces, gobernaba la 'popular' Fernández, y Ocaña, junto con tres exconcejales de su partido (María del Mar Panes, María Isabel Panes y José López), así como a las concejalas de UCIN (Mayte Bravo) y Ciudadanos (Pilar Barroso) votaron a favor de una moción para suprimir el sueldo de la regidora y de la segunda teniente de alcalde de entonces, Gabriela Zamorano, así como las retribuciones al resto de concejales del Partido Popular.
El juicio suspendido ayer coincidía casi con el inicio de la campaña electoral de 2023. Eliseo Ocaña figura como cabeza de lista del PSOE. María Isabel Panes se encuentra también entre los candidatos. Como suplentes, están María del Mar Panes y José López. Por su parte, Mayte Bravo ocupa la segunda posición en UCIN.
La mencionada moción, aprobada el 17 de diciembre de 2018, fue anulada meses después por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, por desviación de poder. El Ministerio Fiscal ha formulado acusación contra ellos. Por ello, solicita la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años y las costas.
«El argumento de la moción fue que yo soy muy mala: mala gestora, mala persona», abrevió ayer en las explicaciones a los medios la exalcaldesa de Recas. Asimismo, explicó que el señalamiento del juicio en la Audiencia Provincial vino precedido de una suspensión en el Juzgado de lo Penal el 2 de febrero de 2021 por no ser competente para sentenciar los hechos.
Laura Fernández cobraba 1.300 euros como alcaldesa de Recas en la anterior legislatura, con una liberación del 75 por ciento. Por su parte, Gabriela Zamorano percibía 1.200 euros al mes y estaba liberada en este ayuntamiento sagreño de unos 4.000 empadronados. Ambas tardaron finalmente 10 meses en recuperar las cuantías apoyadas por la anulación de la moción, en mayo de 2019, adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo.
«Sabíamos que existía la posibilidad de suspensión por la huelga», apuntó Fernández, quien enfatizó que han pasado ya cuatro años y medio de la moción que dio pie al proceso judicial.
Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones laborales, En concreto, de entre 350 y 430 euros. Esta subida estaría incluida en el concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el país, independientemente de la comunidad autónoma.
La edil de UCIN María Teresa Bravo aclara que la querella del Ayuntamiento contra la exalcaldesa sigue en tramitación
La concejala de UCIN en Recas María Teresa Bravo aclaró ayer a este diario que la querella interpuesta por el Ayuntamiento contra la exalcaldesa Laura Fernández sigue en tramitación con la 'popular' como investigada. Y detalla que la Audiencia Provincial ratificó la continuación del procedimiento en un auto de 5 de mayo de 2022.
La querella se debe a unas presuntas irregularidades en la gestión de los préstamos derivados del Pósito Fundación D. César Cabañas Caballero, una institución creada para ayudar a vecinos con préstamos con intereses bajos.