En los últimos años ha aumentado el número de herencias a las que los herederos renuncian, bien por pasivos vinculados a los activos a heredar y que hace que se complique, o que incluso no interese aceptar la herencia en su conjunto, bien por razones personales, desavenencias entre los herederos, dificultades en la tramitación, etc. o bien por el coste fiscal que supone aceptar la herencia debido a que, por ejemplo, se reciben inmuebles que obliga al heredero a pagar plusvalías municipales y el porcentaje del impuesto de sucesiones que le corresponda (que no suele ser una migaja) por lo que le supone un agujero en su tesorería que le hace preferir renunciar al total de la herencia. Y también aumenta el número de herencias que se acepta haciendo constar que se hace 'a beneficio de inventario' con lo que, al menos, los herederos se aseguran de que no van a recibir un caramelo envenenado con una herencia que, más que dar, quite.
Esta figura de aceptar algo 'a beneficio de inventario' podría extenderse a otras cuestiones. Dada la inseguridad jurídica que, en los últimos años (y no me refiero solo a los 5 últimos) tiene el ciudadano, ante determinadas actuaciones de la Administración, y cómo la personación del ciudadano con abogado y procurador en los Tribunales pertinentes, no es cuestión barata, ni en dinero ni en tiempo, mientras que la Administración, como no suele ser condenada en costas casi nunca, le sale barato pleitear, sería bueno que algún grupo político llevara adelante la iniciativa de, por un lado, prometer (y además cumplir) que no va a modificar las reglas de juego a mitad de la jugada para que todo ciudadano sepa a qué atenerse durante un periodo suficientemente largo, y si además, se le asegurara al ciudadano que, cuando recurra ante los Tribunales una decisión de la Administración, si la sentencia le es favorable, que la Administración esté obligada a indemnizar al ciudadano por los costes que le haya supuesto recurrir.
Sé que pido un imposible, pero plantear el debate no viene mal y seguro que muchos que me lean habrán sufrido en sus carnes algún caso que sirva de ejemplo de lo que digo. Hay que intentar conseguir que las relaciones entre el ciudadano y la Administración, pueda dejar alguna salida que se establezca a 'beneficio de inventario'.