Las medidas de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental establecidas desde la Unión Europea (UE) a partir de 2035 para la industria del automóvil, en la que se prohíbe la comercialización de vehículos tanto de combustión como híbridos, afectan también a las calderas de siempre de gas y gasoil que utiliza el parque inmobiliario nacional para dar servicio de calefacción, refrigeración y agua caliente.

En este contexto, si Europa quiere cumplir con la hoja de ruta climática que ha trazado, que pasa por recortar en al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad a mediados de este mismo siglo, necesita aligerar su huella contaminante con medidas que a la población le van a suponer una cuantiosa inversión para actualizar sus equipos de toda la vida. 

La fecha límite de 2035 marcada por los reguladores para la renovación del parque de vehículos a medio plazo apunta ahora a otra descarbonización igual de crucial y que afecta prácticamente a la totalidad de la ciudadanía que utiliza sistemas de gas y gasoil para su calefacción, refrigeración y agua caliente.

Bajo el reto de reducir las emisiones y hacer los edificios más eficientes y sostenibles, Bruselas obliga a la ciudadanía a cambiar las calderas tradicionales de gas y diésel. 

Con ese objetivo, ya ha marcado una hoja de ruta en la que se plantea que Europa esté libre de emisiones a partir de 2028, y que los países vayan diciendo adiós a los sistemas calefactables contaminantes de una forma progresiva para mejorar el medio ambiente sin esperar a que llegue la fecha límite.

Una de las primeras medias para hacer frente a este importante desafío pasa por eliminar a partir de 2024 las subvenciones dirigidas a calentadores que utilicen este tipo de tecnologías basadas en el gas y gasoil.

Las modificaciones aprobadas por el Parlamento Europeo se basan en estudios que aseguran que dos tercios de la energía empleada para la calefacción y la refrigeración de edificios sigue procediendo de combustibles fósiles y que rara lograr la meta de cero emisiones se debe proceder cuanto antes a la eliminación del uso de combustibles fósiles en servicios de calefacción y refrigeración.

Ante esta realidad, los edificios de nueva construcción y aquellos que sean objeto de importantes reformas están obligados por ley a instalar sistemas de calefacción eficientes y sostenibles desechando los que utilizan carburantes fósiles antes de 2035 y, si no es posible, a más tardar en 2040.

Inversión

Los expertos calculan que si se pone como ejemplo una vivienda unifamiliar aislada de 190 metros cuadrados con dos plantas, situada en un clima medio y con calefacción por suelo radiante necesitaría una potencia de alrededor de 12 kW. La inversión en el sistema de aerotermia rondaría los 9.500 euros. Sin embargo, destacan que podría pedirse una subvención por tratarse de un proyecto de energías renovables que lo abarataría unos 3.500, con lo que el montante final sería, descontando la subvención, de 6.000 euros frente a menos de la mitad de una caldera tradicional.

Teniendo en cuenta que los costes con gasóleo o gas pueden llegar a ser de hasta tres veces mayores que con aerotermia, el ahorro que calculan los economistas rondaría el 80% con calefacción por suelo radiante y de hasta un 70% por radiadores si lo comparamos con una caldera de gasoil, con un período de amortización de entre tres y cuatro años, en función de la marca y del modelo de bomba de calor aerotérmica instalada.