Cuatro siete, cuatro siete, cuatro siete… Se sabe de antemano el resultado de las iniciativas sobre las que se pronuncia el Tribunal Constitucional. Siete miembros considerados progresistas contra cuatro miembros considerados conservadores. A unos y a otros les incomoda seriamente que se les considere de un ala y de otro, se empeñan en defender su obligada independencia. Es inútil. Cuatro siete, siempre a favor de lo que interesa al gobierno.
Se queja el gobierno de que el PP bloquea sistemáticamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vale. Lo primero, habría que ver si el bloqueo procede solo del PP, porque hay motivos sobrados para decir lo mismo sobre el Psoe. Se vio cuando se empecinó en imponer nombres que sabía perfectamente que jamás serían aceptados por el PP, y ahora con su posición inamovible respecto al cambio de metodología que exige el PP. A la vista de cómo actúa el TC cuando decide sobre asuntos de interés máximo para Pedro Sánchez, se comprende que infinidad de españoles que no son del PP, comprendan que hay que mantenerse firmes para que el órgano del que depende la administración de la Justicia no quede contaminado por miembros más inclinados a aceptar las posiciones de Moncloa que a defender su independencia en el ejercicio de su profesión.
Somos muchos los que hemos escuchado a Cándido Conde Punpido defender esa independencia, y su compromiso de actuar con absoluto rigor en el caso de que fuera elegido presidente del TC, sueño con el que rematar su brillante carrera. Sin embargo, a los que creíamos en su palabra, nos cuesta aceptar que efectivamente se esfuerza en mantenerse al margen de lo que interesa al gobierno. El cuatro siete es letal para los vocales llamados progresistas y para el presidente, más aún cuando en los últimos días se han producido resoluciones que han dejado de piedra a la mayoría de los que conocen bien las competencias de los órganos que imparten justicia. El El TC no es órgano jurisdiccional, sino un tribunal de garantías. Sin embargo, actúa en estos tiempos difíciles, políticamente hablando, como "corrector" de sentencias del Supremo y, también, como si fuera un tribunal al que recurrir ante desacuerdo de decisiones del TS. No es un Alto Tribunal, una instancia superior, pero está actuando como tal.
Una parte de los jueces, entre ellos algunos de los más relevantes, no ocultan su preocupación por la forma en el que el gobierno pretende sacar adelante decretos que la mayoría de jueces y fiscales consideran inconstitucionales. Posición que defendían Sánchez y sus ministros de Justicia hasta el 23 de julio, cuando Puigdemont puso precio a su apoyo: Sánchez prefirió pagarlo antes que dejar el gobierno.
Conde Pumpido, pensábamos muchos, iba a poner pie en pared ante exigencias que nadie, lejos del círculo sanchista, considera legales. Tendrá que esforzarse mucho para demostrar que, en contra de lo que parece, es un profesional fiable que actúa con independencia de las presiones externas. Aunque sean de Moncloa.