Las puertas del Palacio de Justicia de Toledo se tiñieron esta mañana de togas en señal de protesta. Medio centenar de abogados y procuradores se concentraron a mediodía para visibilizar la delicada situación económica que afrontan estos profesionales desde finales de enero, concretamente desde que se inició la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, y exigir que el Ministerio «dé una respuesta» a la actual protesta de los funcionarios y se reactive de manera inmediata la actividad en los juzgados.

 «La situación es insostenible», explicó el decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, que considera que los letrados y los procuradores «ya no pueden aguantar más» porque debido a la paralización de buena parte de la actividad judicial -vistas, audiencias previas y señalamientos-, muchos profesionales están atravesando problemas económicos, con lo que ve urgente «desbloquear la situación» y que el Ministerio de Justicia «ponga un poco de sensatez y de cordura» y se siente a desbloquear la situación». 

Al respecto, Cervantes tiene claro «que la Justicia no puede ser el patito feo» ni puede aguantar más tiempo la fórmula que lleva años activa de poner «parches» para ir solucionando en parte los déficits y problemáticas que van surgiendo por falta de inversión y de medios personales y materiales. 

Por este motivo, los abogados también se plantaron ayer en los juzgados, al igual que los 82 colegios restantes  en distintas ciudades españolas, para reclamar también un Pacto de Estado de Justicia para abordar la modernización de la administración y dar una solución definitiva «a un problema endémico». Para ello, el decano está convencido de que el próximo Gobierno derivado de las elecciones generales del 23 de julio tendrá que sentarse «con todos los operadores» y dar una solución global. 

Si bien, hasta que el calendario lo permita, los abogados insisten en la necesidad de abordar también la huelga de los funcionarios porque en estos momentos «no hay interlocutor» en el Ministerio de Justicia y la administración no está dialogando ni negociando con un colectivo que inició la protesta el 17 de abril y aún no ha obtenido avances a pesar de que intensificó la movilización con una huelga indefinida. En este caso, los abogados recalcan que ellos «no van en contra» de los funcionarios ni de sus protestas porque se trata de un «derecho constitucional y son justas sus reivindicaciones», pero Cervantes recordó que el servicio de Justicia lleva paralizado más de cinco meses «lo que significa una vulneración gravísima del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, es decir, el derecho que tenemos todos nosotros a que los jueces resuelvan nuestros problemas con celeridad». 

Dada la situación de parálisis que afecta a miles de asuntos judiciales y a prácticamente todas las jurisdicciones, Cervantes aseguró que se está deteriorando la imagen institucional de la Justicia, lo que conduce «a una grave crisis reputacional y a graves ineficiencias». Al respecto, recordó que los operadores jurídicos llevan «décadas» reclamando una mejora «profunda y duradera de la Justicia para convertirla en un servicio público equivalente a la sanidad o la educación».

Temas pendientes. Cervantes también aprovechó la protesta para mencionar que la legislatura se acaba con distintos «proyectos de ley en el tintero», como la Ley de Eficiencia Procesal, que recoge el derecho a la desconexión y a la conciliación; y la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Además, los abogados llevan tiempo reclamando una Ley de Justicia Gratuita que dignifique el turno de oficio y la actualización de los baremos que facilite un aumento en las retribuciones.

La huelga. La convocatoria de los abogados contó también con otros protagonistas, los funcionarios, que salen a la puerta todos los días a las doce de la mañana para visibilizar la huelga que mantienen desde mediados del pasado mes de abril. 

«La culpa de todo la tiene el Ministerio de Justicia, en concreto el Gobierno, no nosotros, porque no se ha querido sentar a hablar», explica la delegada del sindicato STAJ en Toledo, Ana María Sánchez Chico. 

La representante sindical también considera «que la situación es insostenible» y muchos funcionario están teniendo problemas económicos derivados de esta larga huelga, pero considera que el Gobierno todavía puede acercar posturas y llegar «a un compromiso formal» a pesar de que dentro de poco se celebrarán elecciones generales. En este caso, subraya que el Gobierno «está tomando decisiones y dando dinero por otros sitios», con lo que no comprende por qué se empeña en no dialogas ni negociar con los funcionarios de Justicia, los únicos que no han obtenido nada haciendo huelga, ya que los letrados de la Administración de Justicia llegaron a un acuerdo tras más de dos meses de protesta y los jueces y fiscales también obtuvieron mejoras únicamente amenazando con convocar una huelga para mediados de mayo.

«La Justicia es el tercer pilar del estado, pero parece que a los políticos les da igual y no les importa», sostiene Sánchez Chico, que también aprovechó la concentración para recordar que esta tarde, a las 20 horas, se plantarán en Zocodover, ante la sede de la Delegación del Gobierno para seguir visibilizando su lucha.