Los datos de empleo del segundo trimestre de año han superado las expectativas de los principales analistas (la AIREF pronosticaba un ligero crecimiento del 0,7 por ciento) y muestran una sólida mejoría del mercado laboral. Por primera vez en la historia de España, trabajan más de 21 millones de personas, una cifra no alcanzada ni siquiera en los años previos a la crisis financiera, después de que entre abril y junio se contabilizaran 603.900 trabajadores nuevos. Este dinamismo en la contratación ha hecho descender la tasa de paro al 11,6 por ciento, la mínima en los últimos quince años.
Se trata de unas buenas cifras que cabe vincular a una vitalidad de la economía en los últimos meses que compensa en parte la ralentización con que el tejido productivo salió del periodo pandémico en comparación con otros países desarrollados. También, está vinculada a un trimestre tradicionalmente favorable al empleo en nuestro país, especialmente en el sector servicios. Los datos son satisfactorios, además, en cuanto a contención de la temporalidad, una de las características de las relacionales laborales en España, lo que dibuja un mercado de trabajo más estable y menos sometido a los efectos estacionales.
Sin embargo, sin restar valor a la fortaleza demostrada por la estadística, a la hora de tomar decisiones sobre el ámbito laboral deben tenerse en cuenta a futuro algunos de los riesgos que condicionan la evolución de la economía, como son la incertidumbre del contexto internacional, las elevadas tasas de inflación estructural y la política monetaria – subidas de tipos de interés – que pueden afectar al consumo y la inversión. El frenazo en la contratación de hipotecas experimentado en los últimos meses es una significativa llamada de atención.
Asimismo, es urgente incidir en al menos dos factores que lastran las relaciones laborales en nuestro país. El primero de ellos es la calidad en la capacitación de los trabajadores y la necesidad de abordar un equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra mediante instrumentos de formación permanente, dotación suficiente a la formación profesional dual y captación y retención del talento. En segundo lugar, deben considerarse también medidas para reducir el denominado desempleo estructural que en España se sitúa muy por encima de los países del entorno. En este sentido, serán necesarios verdaderas políticas de contratación de inmigrantes que se realicen mediante un programa ordenado y garantista y que permita suplir la falta de mano de obra autóctona.
En definitiva, y pese a algunos nubarrones, España cuenta hoy con un mercado de trabajo dinámico, de mayor calidad y mejor estructurado que hace unos años que, racionalmente, debe dar ahora pasos en el terreno salarial. Pero es necesario no perder de vista que un entorno laboral fuerte y resistente ante las incertidumbres solo es posible si se profundiza en la productividad y la innovación, verdaderos cuellos de botella de la economía española.