El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga de los trabajadores y trabajadoras de limpieza viaria y recogida de basuras por ser una demanda de los representantes legales de los trabajadores en la exigencia de mejoras laborales y salariales.
Unas mejoras que, critica el portavoz municipal de Izquierda Unida, no contemplaba un pliego de condiciones que se redactó para que un servicio público se prestase con condiciones de mercado y de beneficio industrial. "Un pliego", puntualiza, "que jamás evalúo la situación del servicio y que nunca ha atendido a las demandas del personal ni en materia salarial ni en materia de reparto del trabajo en condiciones óptimas".
Advierte Txema Fernández que dicho pliego ya nació con carencias puesto el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras se licitó en la legislatura de Milagros Tolón por 11 millones de euros, cifra en la que los técnicos tasaron la prestación del servicio óptimo, aunque la adjudicación se quedó en 8 millones de euros. "Es decir, tres millones menos de lo que los técnicos decían que costaba el servicio que repercute en las condiciones de la plantilla", recrimina.
De hecho, matiza el Fernández, en el pliego se establecía la subrogación de 247 trabajadores pero en la actualidad, y desde el inicio de la prestación del servicio en 2023, hay 200 (han llegado a reducirse hasta 188) lo que representa entre 50 y 70 trabajadores menos de la cifra óptima.
Una circunstancia a la que se suma la incorporación de 11.000 metros cuadrados más que atender (los correspondientes al Polígono industrial) con el mismo personal, ya mermado, "lo que se traduce en mayor precariedad porque los mismos trabajadores hacen más trabajo", denuncia Txema Fernández. Sin olvidar que en dicho pliego no están contemplados los desarrollos para limpieza de calles como el Beato o el barrio de las Tres Culturas y que al Poblado Obrero van una vez a la semana.
El pliego de condiciones, continúa el concejal de Izquierda Unida, se elaboró y firmó en el año 2023 sin haber sido "consultado con nadie". Tampoco se valoró la posible gestión directa del servicio, ni se sustentó en un diagnóstico previo del estado del servicio, requisito que hubiese avanzado problemas que hoy se convierten en el motivo de la convocatoria de huelga de los trabajadores y trabajadoras, afea Txema Fernández.
Y no terminan aquí los problemas de este contrato puesto que, como señala el portavoz de Izquierda Unida, presenta una errónea fiscalización de quien lo firma y quien acepta ese modelo de fiscalización "sin iniciar un proceso de cambio que garantice que se hace con criterios de servicio público y no de la empresa".
Este trabajo de comprobación del cumplimiento de las cláusulas del contrato, recrimina Fernández, lo ejecutará una empresa propuesta por la adjudicataria de modo que el Ayuntamiento elige entre una terna que le presenta la propia empresa concesionaria. "La misma empresa que ejecuta el servicio mandata a otra propuesta por ella a comprobar que los materiales y la plantilla con los que presta el servicio son los óptimos, pero lo hace con un criterio mercantil y no de servicio público", advierte el portavoz municipal de Izquierda Unida.
Para Txema Fernández, tanto Partido Popular como Partido Socialista "son responsables de un contrato, que lleva a una convocatoria de huelga, donde no se permiten revisiones salariales y donde menos trabajadores harán más trabajo, precarizando el servicio ciudadano y las condiciones laborales".