El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dictó la lección inaugural de la decimonovena edición de los Cursos de Posgrado en Derecho para Iberoamericanos que celebra la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El magistrado, una de las figuras más relevantes de la judicatura en España, abordó la acción popular como tema para la apertura del seminario.

Marchena se refirió a la acción popular como «una institución controvertida», aunque recordó su plena vigencia sin apenas límite y los dos intentos fracasados, en 2011 y 2013, para su remodelación. El artículo 125 de la Constitución española de 1978 señala que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular» y el magistrado recordó el origen de esta forma de participación social en la Administración de Justicia en los últimos años del siglo XIX. El ponente situó en Los males de la patria, una obra del regeneracionista Lucas Mallada, el inicio de una posibilidad jurídica que sigue existiendo en España y que es exclusiva respecto al resto de los países comunitarios.

El surgimiento de esta figura como origen de cualquier acusación tuvo en «los males que habían llevado a la pérdida de poder geográfico y político de España» el punto de partida. El análisis de Mallada también abordó la situación de la Justicia en los años del desastre del 98 y el desmembramiento definitivo de las posesiones de ultramar. «La acción popular tenía entonces toda la lógica: se quería acabar con la complacencia del Ministerio Fiscal con los poderosos», añadió Marchena.

«Si abrimos un periódico hoy, vemos cómo esa desconfianza hacia el Poder Judicial continúa», explicó el magistrado del Alto Tribunal. La paradoja de la institución «genuinamente española» analizada por el togado radica en la posibilidad de que la acción popular pueda ser ejercida «no sólo la víctima del delito, sino también por aquellos ciudadanos a los que les mueve el deseo de defensa y prevalencia del ordenamiento jurídico frente a cualquier tentación de acomodamiento institucional».

El magistrado, cuya sala juzgará en los próximos días la causa contra el proceso independentista de Cataluña, calificó la evolución histórica de la acción popular como «contrapeso» dentro de la judicatura y la tildó como «una conciencia ciudadana que llama a la puerta de la Fiscalía». Esta idea, «que cala en la opinión pública», suscita controversias por su carácter partidista. «Se corre el riesgo de que la contienda política se traslade al sistema penal y que una sentencia adversa sea entendida como desenlace de una actitud ideológica», dijo.

Marchena apuntó a la posible concurrencia de partidos, asociaciones y sindicatos en las acciones populares como causa del debate actual acerca de esta modalidad de acusación. «No hay quiebra de legitimidad porque es una figura que jurisdiccionalmente está admitida; el problema es si se puede exigir que la contienda política o sindical tenga otros cauces».

El presidente de la Sala Segunda del Supremo eludió hablar del juicio contra el golpe independentista en Cataluña (no puede hacerlo). El proceso judicial contra los líderes secesionistas y sus actuaciones como responsables de la administración autonómica comenzó después de que Vox se personara como acusación particular en otoño de 2017. 

El jurista resumió su intervención en dos premisas. «La acción popular surgió para evitar la molicie institucional de la Fiscalía y la Administración de Justicia no genera el aplauso unánime: esa desconfianza es histórica», concluyó.