La situación de los funcionarios de Justicia se ha puesto seria. Después de los paros parciales realizados en las últimas semanas, los afectados liderados por sus cuatro sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT, STAJ y CSIF- han decidido dar un paso más para que se escuchen sus reivindicaciones. Un paso que les lleva hasta la huelga general, no solo en Toledo sino en la mayoría de las provincias españolas. Sus representantes sindicales apuntan que han encontrado un gran respaldo a esta protesta al señalar que los funcionarios a los que representan «estaban más dispuestos a hacer huelga general que a seguir con los paros parciales» que estaban realizando.
De hecho, Ana María Sánchez Chico, la delegada de STAJ en la provincia de Toledo, estimó el seguimiento local en un 80 por ciento, al comprobar ella misma que esta mañana «los Juzgados de Toledo estaban completamente vacíos». Aunque en la protesta que llegó a la plaza de Zocodover había alrededor de 40 manifestantes, su compañero Manuel Pelayo, responsable autonómico del sector de Justicia en CSIF, cifró en 650 el número de funcionarios de esta administración en la provincia.
El fondo de esta protesta tiene dos objetivos claros para los funcionarios de Justicia: obtener una mayor retribución económica, al tener un sueldo aproximado de 1.200 euros según Manuel Pelayo; y alcanzar un acuerdo para delimitar sus funciones.
Un fin que pretenden alcanzar mediante la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que trata de poner en marcha el Ministerio de Justicia. Sin embargo, lo que reclaman mediante esta huelga es que los gobernantes se sienten a negociar dicha ley con los sindicatos para tener en cuenta sus pretensiones, puesto que hasta ahora no lo están haciendo.
Según Ana María Sánchez Chico, con la ley que el Ministerio quiere llevar a cabo sin consenso los funcionarios «dejaríamos de tener un puesto fijo pudiendo movernos a su antojo». Esto, a su juicio, también implicaría que pierdan el control de los procedimientos en los que trabajan en su día a día, porque «nos van a cambiar de mesa y en vez de empezar y acabar un proceso, muchos funcionarios vamos a llevar diferentes procedimientos a la vez y no vamos a saber ni en qué fase está cada uno».
Además, los sindicatos creen que la huelga ha tenido buena acogida porque el compromiso del Ministerio -esta misma semana- de subir el salario 450 euros a jueces y fiscales «ha provocado un enfado aún mayor». Sánchez Chico explica que en la ley orgánica que les regula «tenemos una coletilla» que señala que además de sus funciones tienen las que delegue en ellos su superior jerárquico, lo que aseguran que termina «en que los letrados delegan el 90 por ciento de sus funciones en nosotros», por lo que cree que «es injusto que unos hagamos sus funciones y otros las cobren» en referencia a la subida de salario pactada para los letrados.
Manuel Pelayo añade que a los letrados les pagan «por productividad, cuando toda ella pasa por nuestras manos». Destaca también que sin su labor «no funcionaría la Justicia» al representar el 93 por ciento del personal de los Juzgados.
Para las próximas dos semanas han convocados un total de seis días de huelga y avisan que no van a parar hasta que el Ministerio se siente a negociar con ellos.