Las Cortes de Castilla-LaMancha aprobaron el 7 de septiembre, con los únicos votos a favor del Grupo Parlamentario Socialista, el límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el ejercicio 2024 de 7.960,4 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. Es el primer paso para que el Ejecutivo termine de elaborar los presupuestos para el siguiente ejercicio y elevarlos al Parlamento para su aprobación definitiva y entrada en vigor el 1 de enero.
En la información que el Gobierno regional remite a las Cortes para conocimiento de los diputados, se estima que el comportamiento previsto para el Producto Interior Bruto (PIB) nominal (es decir, el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios finales producidos durante un determinado periodo de tiempo) sería del 5,4% en 2023, del 4,7% en 2024, del 4,2% en 2025 y del 4% en 2026.
Las previsiones de evolución del PIB real (el valor de dicha producción a precios constantes), según la previsión del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, sería del 2,3% en 2023, del 2,7% en 2024, del 2,3% en 2025 y del 2,1% en 2026.
De hecho, este viernes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló la previsión económica de la Junta para el presupuesto de 2024, algo que el propio Ejecutivo de Page celebró minutos después de conocerse la noticia.
Volviendo al método de elaboración de las cuentas, la documentación enviada a las Cortes recoge que, como en cualquier modelo, las previsiones se basan en el cumplimiento de los supuestos de origen externo en los que se sustentan, que en el caso del modelo utilizado por el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha son los mismos en los que se basan las previsiones del conjunto de la economía española y que son, entre otros, los tipos de interés a corto plazo, el crecimiento del PIB mundial excluida la zona euro, el crecimiento del PIB en la zona euro o el precio del petróleo.
Ello hace que estas previsiones estén sujetas a determinados riesgos, algunos difícilmente cuantificables o previsibles, apunta el Gobierno. Pero existen otros riesgos asociados a comportamientos imprevistos que sí pueden ser cuantificados, lo que permitiría medir su impacto.
De hecho, el Código de Conducta de la Comisión Europea sobre el formato y el contenido de los Programas de Estabilidad instan a los países a considerar la sensibilidad de las proyecciones macroeconómicas y fiscales ante distintos shocks, haciendo especial enfásis en los tipos de interés. Siguiendo esta metodología, la Junta analiza el impacto de dos posibles escenarios de riesgo: un aumento de los tipos de interés y un menor crecimiento de los principales socios comerciales de nuestro país, ambos considerados en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026.