Atrás quedó el 2020, sus prácticamente dos meses de confinamiento domiciliario y de paralización de la actividad judicial, pero en los juzgados la pandemia sigue dejando una importante huella. Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020, presentada hace unos días. Este extenso documento cuenta con un apartado específico sobre la incidencia de la covid en las diferentes secciones y se mencionan las deficiencias que aún hoy se mantienen en distintas sedes judiciales en Toledo.

En concreto, subraya que el delegado de Toledo echa en falta «una  efectiva y real labor de coordinación institucional para hacer compatible la preservación de la salud de los actores implicados y la reactivación del servicio público de la justicia». 

En este caso, la Fiscalía General del Estado plantea que la incidencia de la pandemia exige analizar la situación en tres aspectos concretos, la sobrecarga de trabajo derivada del parón de actividad durante el confinamiento, «las contingencias sanitarias que la prestación del servicio ha supuesto» y las diligencias de investigación incoadas como consecuencia de denuncias presentadas por ausencia de medidas de protección de los trabajadores. 

Todas las secciones, incluida Toledo, han dado cuenta de «un significativo descenso en el número de asuntos tramitados». Si bien, lo que más llama la atención son los comentarios de las fiscalías de Granada, Toledo y Ávila sobre la problemática sanitaria existente y la dificultad de mantener la actividad con medidas para garantizar la salud y minimizar los contagios, puesto que la presencialidad es esencial en el día a día de los juzgados. 

En Toledo, la Fiscalía recuerda que la actividad se reanudó «sin disponer de la información precisa en relación con las condiciones y cumplimiento de las medidas de seguridad  de las salas de vista en las que había que celebrar juicios». Y lo mismo ocurrió, según detalla el delegado, con las medidas de protección colectivas e individuales y las medidas de control y acceso a las instalaciones». 

Aun así, desde la Fiscalía de Toledo se mantiene que «la única opción realista fue la de asumir irremediablemente la presencia física en la sala de vistas del fiscal» a pesar de que el espacio físico carecía «de elementos de protección colectiva para asegurar la distancia interpersonal de seguridad -lateral, anterior y posterior- para funcionarios y resto de operadores jurídicos». 

Si bien, a estas dificultades hay que añadir una que podría destacarse en rojo, ya que la Fiscalía deja claro que todavía no se ha adoptado las medidas de protección necesarias «pese al tiempo transcurrido y la evidencia científica disponible», sobre todo, relacionadas con la ventilación, dado que muchas de las salas cerradas «no tienen posibilidades de ventilación natural «y resulta muy difícil lograr una renovación óptima del ambiente». Además, la Fiscalía también resalta el riesgo del uso de los equipos de climatización en relación con el virus.

A pesar de las deficiencias y de la denuncia de la Fiscalía de Toledo, en esta memoria no se indica si se han remitido al decanato muchos, pocos o ningún oficio exponiendo la falta de seguridad en las salas y la escasez de medios materiales, como sí ha ocurrido en la Fiscalía de Ávila sin ir más lejos, una sección que también critica la falta de actuación de la administración y las respuestas «desalentadoras» que han recibido los profesionales a  pesar de su preocupación y de los riesgos para su salud que han asumido para que la actividad judicial continuara con normalidad pese a la pandemia.