A Claudia Alonso, concejal del PP, no le parece mal dar a las asociaciones y a los vecinos particulares la ocasión de decidir sobre una parte del gasto municipal, a modo del fallecido presupuesto participativo pero está en desacuerdo con las limitaciones territoriales. «Hay proyectos de ciudad, o que afectan a más de un barrio, donde deben abrirse periodos de consulta y participación, no puede ser que solo nos dejen opinar de el barrio de cada uno». Por lo tanto le gustaría un mecanismo más global.
En todo caso el fondo le gusta en la medida que «es la propuesta que llevaba el PP en las elecciones con un concejal de distrito al que se da capacidad ejecutiva, por ejemplo para contratar».
Entiende que es una buena manera de mejorar y dar más agilidad a la gestión de los asuntos públicos estableciendo lo que ya recoge la ley con el concepto de descentralizar. Como dudas cree que no se deja claro si solo es dinero para obras ya que a lo mejor alguien quiere teatro u otras actividades.
Sin embargo estima que «la participación interesa poco» al Gobierno del PSOE y recalca que tras un año de pandemia, y cuando llevan meses funcionando con normalidad muchos órganos municipales, también aquellos de los forman parte las asociaciones de vecinos, «no quieren poner en marcha los de participación en los barrios hasta el fin del estado de alarma».
Ciudadanos. Esteban Paños, concejal de Ciudadanos, en este asunto no va a discutir y le parece bien «lo que digan los vecinos» con el fin de intentar que las propuestas de barrio salgan adelante aunque observa que el Gobierno «quiere fiscalizar» por medio de un mecanismo «impuesto» que «se han inventado» para salir del paso y con menos recursos que antes. «Es lo que hay» y había que articular la fórmula.
Dice que Cs pedía llegar a 800.000 euros y un reparto no por distritos, ya que hay desigualdades (Santa Bárbara es barrio único mientras Buenavista son varios).
Además, tras un año sin consejos de participación «se demuestra que se podían haber convocado pero el Gobierno no quiere escuchar a los vecinos, les importa tres narices la opinión de nadie».
IU-Podemos. José María Fernández, de IU-Podemos, también está a «lo que digan las asociaciones» aunque teme que haya disputas entre ellas si no alcanzan un acuerdo sobre las obras a pagar con los 100.000 euros. Cree que es una cantidad pequeña que no sirve para solucionar problemas de barrio, solo pequeños arreglos, «pero si ellos están de acuerdo...».
Le parece positivo que se tome como un inicio a consolidar de la descentralización del Ayuntamiento, pero no es tan optimista. Al contrario, sospecha que es una fórmula «cómoda para el Gobierno que solo delega para pequeñas cosas. Eso no es participación».
Vox. María Ángeles Ramos, de Vox, comparte que en este asunto «lo importante son los vecinos» pero dice que todo lo que se ha puesto sobre la mesa le genera «dudas», máxime cuando otra vez se les convoca a una reunión sin facilitarles documentación previa.
Espera que una vez aprobados (mecanismo, proyectos… todo) lo pasen por el Consejo para la aprobación, «que no nos enteremos por la prensa» de que lo ha tramitado la Junta de Gobierno.
En cuanto a la cantidad le parece correcto con la condición de que sea un dinero «bien gastado en cosas útiles» y pregunta en caso de no agotar el presupuesto cómo se hará para que ese resto no se pierda. Dice que habrá que vigilar la selección porque no se fía del Gobierno del PSOE.
Como sus colegas de oposición opina que se pueden reactiva los consejos de distrito, «por qué no», por ejemplo de forma telemática, es cuestión de voluntad del Gobierno.