El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez analiza si puede ser objeto de recurso ante el Constitucional la proposición no de ley de Vox aprobada este jueves en la Asamblea de Madrid con el apoyo de PP y Cs, que insta al Ejecutivo a ilegalizar los partidos independentistas "que atentan contra la unidad de España".

Una iniciativa no vinculante que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ve "preocupante", y que refleja que la "ultraderecha" está "arrastrando" al PP y Ciudadanos en este discurso -ha dicho en una entrevista en TVE- "contrario a la Constitución y la Transición".

Sánchez ha defendido que al igual que el Gobierno ha impugnado resoluciones del Parlament de Cataluña que contravienen sentencias del Constitucional o que "exceden las competencias" catalanas, tiene que ser "igual de contundente y proporcional" cuando un Parlamento plantee la ilegalización de partidos "porque lo diga la ultraderecha". "Vamos a ver si hay base legal, y si la hay, no le quepa duda de que vamos a impugnar esa resolución", ha explicado.

La iniciativa -aprobada a pesar de que inicialmente PP y Ciudadanos no habían confirmado su apoyo- ha avivado el cruce de declaraciones entre los partidos durante todo este viernes.

El PP nacional se ha remitido al contenido de la Ley de Partidos Políticos para justificar su apoyo, algo que el propio líder del partido, Pablo Casado, ya había pedido a Pedro Sánchez el 16 de octubre en La Moncloa, tras los primeros altercados en Cataluña, al plantearle que estudiara la aplicación de esta norma.

Según el PP, los artículos de esta ley que cabrían en la proposición son el 9 y el 11, que especifican que se podrá declarar ilegal un partido que vulnere principios democráticos, que persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades, o que fomente o legitime la violencia para conseguir objetivos políticos, entre otras cuestiones.

Y mientras la número dos de los populares al Congreso, Ana Pastor, advertía a Sánchez de que es el Tribunal Supremo el que toma las decisiones sobre la ilegalización de los partidos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendía la propuesta argumentando que los parlamentos deben poder pedir al Congreso medidas para que políticos que "alientan" a "grupos terroristas como los CDR" no lleguen a las instituciones.

Ciudadanos explica su voto

Por su parte, Ciudadanos ha matizado su apoyo a la iniciativa y su secretario general, José Manuel Villegas, ha dicho que su formación no va a solicitar esta medida en el Congreso de los Diputados.

Albert Rivera ha defendido que en España se puede "ser independentistas, liberal, conservador, socialista y hasta comunista", pero "no se puede ser violento y recibir dinero público", ha dicho, citando expresamente a las CUP y a su organización juvenil Arran.

El secretario general de Podemos en la Asamblea madrileña, Jacinto Morano, ha asegurado que la iniciativa cita "textualmente" un artículo del Código Penal franquista de 1944, por lo que ha reclamado a PP y Cs que dejen de "bailarle el agua" al partido de Santiago Abascal.

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha replicado a Pedro Sánchez que lo que hay que hacer es llevar a Vox "a la oposición".

Y el cabeza de lista de En Comú Podem al Congreso, Jaume Asens, ha afirmado que si se abre el debate sobre la ilegalización de partidos "habría que empezar por el PP", del que los tribunales "dijeron que funcionaba más como una organización mafiosa o criminal que como una formación política".

También desde Cataluña, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha advertido de que "no se puede intentar borrar del mapa a quien no piensa como tú", mientras que Laura Borràs, candidata de JxCat, ha calificado de "hipócrita" a Pedro Sánchez por estudiar un recurso a una propuesta de tres partidos con los que "flirtea".

Si tras la votación en la Asamblea madrileña el PNV calificaba de "vergüenza" el apoyo de PP y Ciudadanos a la iniciativa de Vox, hoy, el cabeza de lista al Congreso por Álava de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, llamaba a votar este domingo a partidos soberanistas y progresistas para "responder a las amenazas de ilegalización" y parar al "fascismo" y a la derecha española. 

Petición al Constitucional

El Gobierno ha anunciado este viernes que ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que anule dos resoluciones del Parlament de Cataluña sobre el derecho de autodeterminación.

En su reunión del Consejo de ministros, el Ejecutivo ha aprobado plantear dos incidentes de ejecución de resoluciones ante el TC contra sendos acuerdos, según ha explicado la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá.

El primero, del pasado 29 de octubre, se refiere a la admisión a trámite de una moción presentada por la CUP sobre el autogobierno, y el segundo, del pasado 5 de noviembre, al rechazo de las solicitudes de reconsideración que presentaron algunos grupos frente a esa primera decisión.

Celaá ha subrayado que la moción "vuelve a incidir en la voluntad de ejercer de forma completa el derecho de autodetermiación" que, según ha recordado, ha sido declarado "inconstitucional y nulo" en dos sentencias del Constitucional.

Ademas de incumplir esas dos sentencias, con esos dos acuerdos la Mesa del Parlament desoye dos providencias del Constitucional dictadas en octubre, en las que el Tribunal ya suspendió las resoluciones que insistían en el derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo catalán.

El Gobierno considera que tanto el presidente del Parlament como los miembros de la Mesa tenían "pleno conocimiento" de que, con su acuerdo de admisión a trámite de la moción y de rechazo de las reconsideraciones, estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el TC.

Por ello, "acude al TC para pedir la nulidad de esos dos acuerdos del Parlament", que, según la ministra portavoz, "pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso" y mantener así "su pretensión de lograr la independencia" de Cataluña.