Caritas Diocesana de Toledo invirtió en 2018 «más de 3,7 millones de euros», ascendiendo los ingresos a cuatro millones de euros de los que 2,2 millones llegan de subvenciones y 846.564 de donativos y colectas. En este capítulo, la memoria económica del organismo oficial de la Archidiócesis de Toledo recoge que lo gastado -3,7 millones- se destinó a la gestión de proyectos -2,4 millones-, y a las ayudas directas -541.473,73 euros-. El programa con mayor inversión es el de Acogida y Asistencia, con 1,23 millones, cantidad incrementada en un 36% con respecto a 2017, seguido del de VIH-SIDA (Hogar 2000) con 761.693 euros, y el de Personas sin Hogar con 443.893 euros.
El vicario general de la Archidiócesis, Francisco César García Magán, el director de Cáritas de Toledo, Antonio Espíldora, y el administrador, Vicente Yustres, presentaron los datos del ejercicio 2018, año en el que se desarrollaron 51 programas y se atendió a más de manera directa a 15.333 personas en la Archidiócesis de Toledo.
Sobre el origen de la financiación, Cáritas recibió 1.841.600 euros de las arcas públicas, un porcentaje que creció en 2018 con respecto a la privada porque, explicó Espíldora, «hay nuevos proyectos, de familia y empleo, que han accedido a las subvenciones públicas». Pese a ello, señaló que «tuvo mayor peso la ayuda privada» que representa el 53,96% del total.
Con la atención directa a 15.333 personas y beneficiando a 34.463 de manera indirecta, Cáritas aumentó tanto el número de atendidos -un 37,6%- como de beneficiados -un 6%- gracias a las 142 Cáritas parroquiales y una interparroquial, y al trabajo desarrollado por 1.775 voluntarios y por los 19 trabajadores en plantilla.
Por áreas, y apuntando que entre las líneas de actuación se apuesta por trabajar «la profesionalización de las ayudas» y por «la formación y la creación de empleo» entre los colectivos más vulnerables, el administrador de Cáritas informó que el área de Animación al Territorio registró 24.685 beneficiarios; el de Inclusión (Cáritas Integra y Virgen de Coromoto) alcanzó los 1.750; y el de Economía Social (Economato Beato Cardenal Sancha) sumó 3.900. De la misma forma, el área de Familia, con proyectos como Máter o Rompe tu Silencio, apoyó a 1.224 personas, mientras que en el centro Hogar 2000 asistió a 34 personas.
Alejándose de los fríos datos, el vicario general de la Archidiócesis apreció, en torno a la presentación de esta memoria, «el compromiso de transparencia y de responsabilidad de la Iglesia», institución que «ayuda a los más vulnerables». Entre los colectivos atendidos, se fijó en «las mujeres que son explotadas y vendidas como si fueran mercancía», y en las que «sufren esa plaga maldita de la violencia» por parte de sus parejas. No olvidó mencionar a las mujeres que se benefician del proyecto Mater y que, en ocasiones, «se sienten abocadas a la solución fácil -con cuatro comillas- del aborto» cuando se ven en la circunstancia de ser madres.
Actualización de la ley de inmigración. Sobre el incremento de las personas inmigrantes -procedentes de Venezuela, Nicaragua y Colombia- que acuden a las acogidas de Cáritas, César García Magán aludió a los «problemas prácticos que presenta la legislación nacional» en esta materia y, sobre todo, en el punto relativo a la reagrupación familiar». En ese sentido, reclamó una actualización de las leyes de inmigración y de reagrupamiento familiar que hacen «casi imposible, de hecho, esa realidad» y que, aclaró, «con esos requisitos no podría darse el reagrupamiento» ni por los propios españoles.
En cuanto a la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de implementar una renta mínima estatal, Antonio Espíldora consideró que las «soluciones mágicas no existen» ya que, a su entender y con su experiencia, «si te limitas a dar un importe económico a una persona y no la implicas en su proceso de promoción personal», y «una persona por el simple hecho de nacer tiene derecho a 400 euros se convierte en un absurdo y en una desmotivación para el que, a lo mejor, trabajando con mucho esfuerzo en empleos precarios gana esos mismos 400 euros».