El parking de la plaza Ciudad de Nara vuelve de nuevo a asomarse en una Junta de Gobierno Local para exigir una vez más, ya que el conflicto lleva en pie años, que el Ayuntamiento cumpla el contrato de concesión, según la empresa ‘Aparcamientos IC Toledanos SL, acepte reestablecer el equilibrio económico del contrato por las pérdidas que está teniendo la empresa desde hace más de diez años y reduzca el canon concesional anual, fijado en 21.000 euros. Si bien, los técnicos municipales han vuelto a analizar a fondo la cuestión y han terminado desestimando la solicitud que la concesionaria presentó hace un par de meses.

El conflicto lleva en pie muchos años. La concesionaria ya exigió al Ayuntamiento hace tres años una subvención de 3,2 millones de euros por las pérdidas económicas que lastran la concesión por varios motivos, uno de ellos la supresión del depósito de coches retirados por la grúa municipal. Además, hay que contar también que las previsiones de ingresos que se realizaron en su día con motivo del contrato superaban la realidad. Al menos, desde el Ayuntamiento se ha explicado en alguna ocasión que los cálculos estaban inflados, pero la empresa se defendió argumentando que los cálculos se los facilitó la propia administración.

A esta batalla hay que sumar otra, el contrato en sí. La concesionaria lleva años poniendo reclamaciones administrativas y alguna demanda judicial porque interpreta que las condiciones del contrato posibilitan que se pacte un reequilibrio financiero si el negocio no va bien e insisten que el Ayuntamiento les garantizó un nivel de rentabilidad mínimo que no se está cumpliendo. Si bien, ya el economista municipal apuntó hace tres años que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a asumir los errores de cálculo de la empresa y recordó que la supresión del depósito de vehículos se compensó al entregar a la empresa 55 plazas para su explotación en régimen de usufructo y ampliar el contrato de cinco años, que se sumarían a los 39 años firmados en el año 2006.

La empresa no se rinde en este conflicto y ha vuelto a solicitar por la vía administrativa que el Ayuntamiento reequilibre la concesión de los años 2016 y 2017, aludiendo a distintas cláusulas del contrato, algunas de ellas relacionadas con el riesgo y ventura del contratista, ya que entiende que sólo debía asumirse durante el periodo de obras del aparcamiento sin extender a la propia concesión, con lo que la administración debería restablecer ese desequilibrio mediante una compensación económica o  una reducción  del canon anual. Pero los técnicos municipales rechazan esta petición «porque el contrato prevé como única vía para efectuar un posible reequilibrio el aumento de las tarifas del servicio».

el informe jurídico. A pesar de que la problemática se ha recogido en informes, documentos y resoluciones a lo largo de los últimos años, el Ayuntamiento ha elaborado recientemente un informe jurídico para aclarar todas las dudas y exigencias de la concesionaria, abundando en distintas normativas para subrayar que el contratista se rige por el principio de riesgo y ventura a pesar de que el contrato en cuestión incluyera una cláusula de mantenimiento de equilibrio económico, que se reserva exclusivamente para ciertas «eventualidades». Aun así, cabe la posibilidad de ajustar  las condiciones si es necesario a través de la ampliación y reducción del plazo concesional y el aumento de las tarifas.

Si bien, del informe jurídico se extrae que el contratista alega ahora que no hubo consentimiento expreso en las condiciones pactadas de este reequilibrio, «cuando no expresó su negativa en aquellos momentos». Por tanto, al concesionario le queda la vía judicial si quiere mantener viva su reclamación.

El origen de la problemática se encuentra en los malos datos económicos y las pérdidas que se van acumulando, como esos 90.000 euros anuales que cuantifica la concesionaria por la supresión del depósito de vehículos. Si bien, lo cierto es que el Ayuntamiento ha estado pendiente del problema y autorizó hace años a abrir un  servicio de lavado, de engrase, un taller y un servicio de alquiler de vehículos, pero parece ser que el negocio tampoco ha remontado como se esperaba.

En cualquier caso, el Ayuntamiento no se cierra en banda con esta concesión y lleva años apuntando la posibilidad de tomar algunas medidas, pero también desconoce las cuentas de la empresa, y no tiene información sobre la magnitud de este problema. Lo que está claro es que el conflicto sigue y aún no se ha escrito la última palabra.