Pueden ser de izquierdas o de derechas, pero los cuatro partidos que más votos sacaron en las últimas autonómicas refrendaron ayer su apoyo a las organizaciones del Tercer Sector. Se trata de entidades sin ánimo de lucro que trabajan para ayudar a la infancia, a los mayores, a colectivos con determinadas patologías, discapacidad, en riesgo de exclusión... Dentro del Tercer Sector hay entidades referentes como la ONCE o Cruz Roja y solo en Castilla-La Mancha suman 400.

Esta tarde organizaron un encuentro a cuatro partidos de cara a las elecciones autonómicas (faltó Vox, cuya representante no pudo asistir en el último momento). En muchos puntos coinciden, como en la aprobación de una Ley del Tercer Sector, que se podrá leer en más de un programa.

Por parte del PSOE habló Ramón Lara, director general de  Acción Social de la Junta. Destacó que tienen un texto hecho y espera que la ley pase por el próximo Consejo de Gobierno. Subraya que establece las relaciones «de igual a igual» entre Administración y estas organizaciones, que aumenta la transparencia y también espera avanzar la próxima legislatura en los conciertos, para dar estabilidad a más de un año vista.

La consejera del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, habló por Unidas Podemos y reconoció que es una buena noticia que haya una ley, pero cree que «debe incorporar más elementos», que concreten sus funciones de interlocutores, gestores y de dimensión ética. Además reconoce que «el tipo de financiación es arbitraria, que depende de convenios, de cuando salgan y es importantísimo estabilizar».

En el PP también plantean su propia Ley del Tercer Sector. La diputada electa Carmen Navarro se remitió a la que aprobó su partido a nivel nacional en 2015. «Podemos ir todos de la mano y con las entidades del sector», reivindicó. Además recordó que también el Tercer Sector es la principal vía que canaliza el voluntariado en España.

La representante de Ciudadanos, Susana Hernández del Mazo, candidata a alcaldesa de Talavera, expuso que en su programa quieren aumentar las inversiones en centros especiales de empleo y el porcentaje de puestos de trabajo para personas con discapacidad en la Administración.