La nueva consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha presentado este miércoles su‘hoja de rut’ para lo que queda de legislatura en las Cortes, que se centrará en poner en marcha “un nuevo modelo de Bienestar Social Avanzado”, que a grandes rasgos pasa por modernizar, digitalizar y hacer sostenible un sistema gravemente atacado por la actual crisis sanitaria y con la vista puesta en un horizonte de incremento sustancial de la población mayor de 65 años en pocos años y en una región ya de por sí envejecida.

El cómo se financiará este cambio tiene que ver con el dinero que está previsto que llegue de Europa para hacer frente recuperación postcovid. La consejera ha avanzado ya su previsión de absorber hasta 125 millones de estos fondos europeos para “poder realizar inversiones para la modernización de infraestructuras sociales; actualizar las estructuras normativas; impulsar una estrategia de Servicios de Proximidad y avanzar en la transformación digital hacia un sistema de Información Social”.

En cuanto al para qué, García ha insistido en que la política de su departamento girará en torno al desarrollo de la llamada ‘Economía de los Cuidados’, que, como ha explicado, “incluye los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia y el desarrollo de los Servicios de Proximidad”.

Aunque García no ha concretado en exceso durante su estreno en las Cortes, sí que ha confirmado su intención de “continuar reforzando” el llamado Plan de Telecuidado Avanzado, que contará con un presupuesto de 12,5 millones y que busca mantener a los mayores en su entorno el mayor tiempo posible, con un cuidador de referencia en su zona. Se trata, como ha dicho, de pasar “de un cuidado reactivo a una asistencia predictiva y proactiva”.

En cuanto a las residencias de mayores, la consejera ha reconocido la necesidad de dar una ‘vuelta’ al modelo . En Castilla-La Mancha hay en estos momentos más de 390.000 personas mayores de 65 años, cuya cifra aumentará en los próximos años y, pese a que el modelo residencial está "muy consolidado" con calidad de servicio en 343 residencias activas que cuentan con 27.000 plazas, es necesario que "evolucione", ha apuntado.

No obstante, desde el Gobierno regional se niega que haya habido un abandono de estas infraestructuras socionanitarias durante la pandemia, tal y como le ha recriminado la oposición. Como ha insistido García, “se ha priorizado la salud de las personas”. En este sentido, ha confirmado que la inspección se ha reforzado estos meses, con 791 actuaciones registradas hasta la fecha.

Además, ha confirmado su intención de “flexibilizar” en cuanto sea posible las restricciones vigentes en este tipo de centros. “La vacunación nos lo permite”, ha concluido.

El PP pide la recuperar de manera inmediata el Ingreso Mínimo de Solidaridad

El PP ha dado la bienvenida a la nueva consejera de Bienestar Social con la exigencia de que ponga solución a uno de los problemas ‘heredados’ de su antecesora: el actual limbo en el que se encuentra el Ingreso Mínimo Vital (IMS).

En concreto desde el PP se le exige que derogue “de manera inmediata” la resolución del pasado 13 de octubre en la que se deja sin efecto parte de la convocatoria del IMS. Y es que, como se lamenta la oposición ‘popular’, a día de hoy está parada la convocatoria y con cientos de solicitudes “en el cajón”.

En este sentido, la nueva consejera de Bienestar Social ha avanzado que su equipo está trabajando en una orden para armonizar este tipo de ayudas con la Renta Mínima Vital del Estado, aprobada en 2020. “No vamos a escatimar recursos, especialmente para atender a las personas más vulnerables”.

Cs pide más transparencia en la gestión de las residencias

La diputada de Ciudadanos Elena Jaime también se estrenaba este miércoles en la Comisión de Bienestar Social, un foro donde ha reclamado al nuevo equipo de la Consejería más transparencia en la gestión de las residencias de mayores, donde habrían muerto más de 2.800 personas a causa del Covid, el 60% del total de fallecimientos registrados en la región.

Los datos se han dado “de puntillas” “y se nos ocultan”, denuncia la diputada ‘naranja’. “Nos faltan datos y transparencia” sobre las medidas que se han tomado, según ha insistido.

Además, como extrabajadora de una residencia para personas con gran discapacidad, Jaime ha puesto el acento en el abandono que han vivido este tipo de centros. “Pocas veces hemos escuchado hablar de estas personas”, “en estos centros han fallecidos seres humanos”.