Un vigilante de seguridad de 43 años falleció, el pasado 8 de junio, atrapado por una puerta corredera de más veinte metros de largo por dos de alto en la empresa Logisfashion, y un hombre de 60 años resultó herido, el jueves 13, tras caerse desde una altura de un metro y medio al romperse el andamio en el que estaba subido en la localidad de Yuncos. Ambos son los ejemplos más inmediatos de una lacra que, a nivel nacional, en marzo incrementó «esta lista siniestra en 51 trabajadores muertos, siendo ya 191 en lo que va de año».

El presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo, completó las cifras asegurando que en la región «son diez los accidentes laborales registrados hasta primeros de abril», números «inadmisibles en este siglo». Sobre todo, añadió, «porque estamos hartos de que esta gente -los empresarios- están constantemente llorando por el incremento del salario mínimo, el control horario, el absentismo y las horas extraordinarias, pero no hablan de medidas para acabar con la siniestralidad laboral».

Manuel Prior evidenció, en este punto, que «mucha culpa de los ocurrido la tienen los empresarios porque estamos instalados en la precariedad, temporalidad, sueldos de miseria y, prácticamente, en una esclavitud que es más del siglo XVIII que del XXI», razones que «no entran en la cabeza de los empresarios», colectivo que «debe anteponer la seguridad y salud de sus trabajadores al beneficio».

De ahí, que confirmarse, junto a los representantes de CCOO y UGT, que «no nos vamos a cansar de echárselo en cara» porque la siniestralidad laboral «tiene solución y remedio, pero necesita de la voluntad» de la patronal a través de la «inclusión de la cultura de la prevención» ya que, en su opinión, «hay demasiados empresarios que incumplen sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y eso, a nosotros, no nos gusta». Tampoco asumen que «la Administración no interfiera para hacer cumplir la normativa laboral» para reducir y fomentar comportamientos que vayan contra la siniestralidad «a través del incremento de medios técnicos, humanos o físicos». Y es que, sentenció Prior, «si tiene que haber dinero para algo, que sea para reducir la siniestralidad porque es preferible quedarnos sin un kilómetro de autovías a permitir más muertes».

Por su parte, José Luis Arroyo aseguró no estar dispuestos «a pagar este peaje» e instó a «invertir en cultura preventiva, en el conjunto de la sociedad, en materia de salud laboral más allá del ámbito laboral» porque «no es asumible que los trabajadores continúen perdiendo la vida». Eso cuando la patronal exhibe una «actitud quejica ante medidas de avance laboral que tachan de vuelta al siglo XIX, y lo que es de ese siglo es que los trabajadores tengan que morir en sus puestos de trabajo».

Así, el secretario general de CCOO afirmó no cejar en el empeño de «seguir exigiendo su responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales, solicitar recursos a las Administraciones para perseguir esta situación y mayores efectivos en Inspección de Trabajo».

Creación del delegado de prevención sectorial. Tomó la palabra el secretario provincial de UGT para reclamar que «se ponga coto a la siniestralidad en una región que encabeza esta oscura lista». Cifras registradas «por culpa de la devaluación, la precariedad y el sistema de contratas y subcontratas» que, a la vista de los hechos, «incrementan la siniestralidad con cifras son intolerables».

Por ello, Alberto Sánchez exigió a «Fedeto y a las Administraciones el cumplimiento de la Ley de Prevención y la formación a los trabajadores» ya que «muchos de ellos desconocen los riesgos» y las «relaciones laborales están muy devaluadas porque, en muchas empresas, parecemos tercermundistas».

En este punto, y a modo de «herramienta combatir esta lacra regional», desde UGT se va a reclamar «la creación de la figura del delegado de prevención sectorial». Esta medida se complementa con la reclamación, efectuada por CCOO, sobre la necesidad de «posibilitar la participación de las organizaciones sindicales en proyectos tan complejos en su inicio» ya que hasta los seis meses no se pueden promover elecciones sindicales.

De ahí que Arroyo considerase que «la salud laboral debe formar parte del diálogo con las empresas en los inicios de sus actividades».