El Gobierno de Castilla-La Mancha valoró positivamente la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, una medida que beneficiará a miles de familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica que se ha visto agravada por la crisis del Covid-19.

Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, unas 120.000 personas (40.000 familias), se beneficiarán de esta medida que «no es sólo una inyección de renta, sino que estará acompañada de toda una estrategia de inclusión que contempla incentivos para la contratación, apoyo social y laboral por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos, y la creación de un  sello social para las empresas que den formación y empleo» a las personas beneficiarias del IMV, a las que se exigirá que estén inscritas como demandantes de empleo.

Por todo ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el Ingreso Mínimo Vital es una medida para miles de personas en España que no son responsables de lo que ha pasado y que, sin embargo, «son víctimas de la crisis provocada por el coronavirus».

«Se trata de justicia social de una sociedad del siglo XXI, de un país que es España que ha decidido hacer justicia. En ese sentido, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos que hacer una valoración muy positiva de la medida porque toda la sociedad merece decisiones justas», afirmó la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien compareció este viernes ante los medios de comunicación.

Fernández añadió que el IMV permitirá una redistribución de la riqueza y contribuirá a la erradicación de la pobreza extrema. Además, «se ha diseñado quirúrgicamente para dirigirse a los colectivos más vulnerables y lógicamente conlleva una valoración de sus rentas y de su patrimonio, para ser justos también en la aplicación de la medida y no solamente en su filosofía».

Finalmente, destacó que la medida esté acompañada de toda una estrategia de inclusión social y de participación en el mercado de trabajo, bajo un modelo de gobernanza compartida en el que colaborarán todas las instituciones, ya que «no se trata de una prestación más, sino de un conjunto de políticas articuladas en torno a esta prestación para no dar la espalda a miles de familias que ya lo están pasando mal y que lo podrían pasar mucho peor sin este ingreso mínimo vital».