El fútbol español ha sufrido este martes otro sobresalto en forma de operación policial con la detención de futbolistas en activo y retirados en distintas ciudades por su presunta implicación en un nuevo caso de amaños y con el partido Huesca-Nástic de la temporada pasada en el centro de la diana.

Una denuncia de LaLiga presentada en mayo de 2018, dos días después de la disputa de ese encuentro (0-1), fue el detonante de la denominada Operación Oikos, que prevé 11 detenciones además de registros en varias instalaciones, como la realizada en la sede de la Sociedad Deportiva Huesca desde primera hora de la mañana. A los detenidos en esta operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, se les atribuyen los delitos de "amaño deportivo", blanqueo de capitales y organización criminal.

Entre los arrestados, según fuentes próximas a la investigación, figuran varios futbolistas, entre ellos el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo y Borja Fernández, del Real Valladolid y que se retiró recientemente tras jugar las dos últimas temporadas en el equipo pucelano y ser su capitán. También han sido arrestados Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera División; Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña; Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club.
Según las pesquisas, la trama seleccionaba los encuentros, captaba a futbolistas y les pagaba en metálico por adelantado para que se dejaran ganar. De este modo, podían hacer apuestas combinadas -resultado final y resultado de la primera parte; resultado final y número de córners, por ejemplo- y se aseguraban las ganancias en las apuestas deportivas. Hay constancia de al menos tres partidos adulterados, correspondientes a la Primera, Segunda y Tercera División.

El foco de la Operación Oikos

Fuentes consultadas han precisado que el partido de Primera amañado fue el disputado esta misma temporada en el estadio José Zorrilla entre el Valladolid y el Valencia, que perdió el equipo local por 0-2; encuentro en el que el conjunto valenciano aseguró el cuarto puesto final de la Liga y su participación en la próxima Liga de Campeones.
El de Segunda, y el que causó la investigación, fue uno entre el Huesca y el Nástic de Tarragona, correspondiente a la segunda vuelta de la temporada 2017/2018 y que terminó con 0-1. Según los denunciantes, las casas de apuestas suspendieron la cotización del encuentro tras detectar un nivel entradas de dinero hasta 14 veces más elevado de lo normal para esta división, procedentes de Ucrania y Asia y adelantando el 0-0 con el que se llegó al descanso y la victoria visitante con la que acabó el encuentro. En ese momento, el Nástic se encontraba 29 puntos por debajo del equipo aragonés, que aseguró su ascenso a Primera en la jornada pasada. Por su parte, el conjunto de José Antonio Gordillo necesitaba el triunfo para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia.

Mientras, el amaño relativo a la Tercera División resultó infructuoso, pero los jugadores implicados se comprometieron a compensar las pérdidas realizando otro en el futuro.

Según la Policía, la manipulación de los encuentros se realizaba en varias fases. En la primera se seleccionaban los partidos, bien del inicio de la liga o de su final.
Después, se realizaba la apuesta intentando "pactar" apuestas combinadas -resultados parcial y final, resultado final y córneres, por ejemplo), lo que les permitía incrementar notablemente los márgenes de ganancia.
Asimismo, llevaban a cabo un proceso de captación, con una primera aproximación de "tanteo" a algún miembro de la plantilla, preferiblemente a uno de los capitanes.
Una vez aceptado el amaño, el pago a los jugadores implicados se producía siempre en metálico y en dos fases: una previa al encuentro y otra una vez producido el resultado pactado.
Los responsables de la organización eran los encargados de anticipar el dinero correspondiente al primer pago a los jugadores y a las apuestas.

Raúl Bravo, el cabecilla

Entre los detenidos, según las fuentes, figuran jugadores retirados como Raúl Bravo, Carlos Aranda y Borja Fernández, los tres compañeros en el filial del Real Madrid a principios de la década del 2000 y luego futbolistas de clubes, en el caso del primero, como Olympiacos (GRE), Numancia, Rayo Vallecano, Beerschot (VEL), Veria (GRE) y Aris (GRE). Además, la Operación Oikos supone la responsabilidad de Bravo como cabecilla de la trama.
Numancia, Villarreal, Albacete, Sevilla, Murcia, Granada, Levante, Zaragoza o Las Palmas fueron equipo en los que militó Carlos Aranda, mientras Borja Fernández cerró su carrera hace días en Valladolid, tras asegurar la permanencia en Primera y haber militado previamente en otros como Mallorca, Valladolid, Getafe, Deportivo, Atlético Calcuta, Eibar o Almería.
Otro de los jugadores detenidos por este caso, el deportivista Íñigo López, pertenecía al Huesca cuando se jugó el partido que originó la operación, entre el conjunto aragonés y el Nástic, aunque no participó en el mismo.
Su trayectoria, que empezó en su Logroño natal y siguió de joven en Las Rozas y en la cantera del Atlético de Madrid, también es dilatada. No en vano antes de su actual presencia en el Deportivo militó en clubes como San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Granada, PAOK Salónica, Celta, Córdoba, Huesca y Extremadura.
La intervención policial también ha llevado a la detención de Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca desde 2017 y del jefe de los servicios médicos de la entidad, Juan Carlos Galindo.

Una "extraordinaria labor"

Durante los meses que ha durado la investigación se ha contado con la colaboración de Europol, la Dirección General de Ordenación de Juego y la Liga de Fútbol Profesional. La Policía Nacional creó en 2017 el CENPIDA (Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas) con el objetivo de garantizar la integridad y limpieza en el deporte.

LaLiga ha elogiado "la extraordinaria labor" de la Policía Nacional para la desarticulación de un grupo organizado que obtenía beneficios económicos con la predeterminación de partidos en España, y ha destacado la "eficacia" de los sistemas de protección de integridad que implantó hace cinco temporadas.
La patronal ha recordado que durante la presente temporada (2018-19) ha presentado nueve denuncias ante la Comisaría General de Policía Judicial por presuntos hechos relacionados con apuestas ilegales en el fútbol no profesional español y que ha remitido alarmas a la Dirección General de Ordenación del Juego sobre dieciocho partidos de fútbol no profesional.
La Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a las reacciones en la voz de su vicepresidenta para asuntos de integridad, Ana Muñoz, quien mostró su rechazo a la corrupción en el deporte, pidió "prudencia" y "respeto" ante las actuaciones, además de transmitir "su colaboración absoluta" con la Policía Nacional.

Por su parte, el Valencia se ha declarado "ajeno" a "supuestos amaños de partidos" y ha anunciado que adoptará medidas legales contra los que difundan "cualquier rumor o noticia infundada" que vincule al club con esos asuntos. Y el Real Valladolid ha manifestado su total colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para luchar contra la corrupción en el fútbol, pero ha advertido que combatirá legalmente "cualquier tipo de información que pueda llegar a menoscabar la imagen pública" del club.