El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, confirmó ayer que el Ayuntamiento de Toledo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan de Ordenación Municipal de la ciudad al entender que la Ley regional de Ordenación del Territorio en vigor y de obligado cumplimiento exige un único periodo de información pública. El primer edil hizo hincapié en que el defecto que ha llevado a su anulación es «de forma» por una contradicción de interpretaciones jurídicas, ya que «está en juego si la normativa que manda es la ley autonómica o la estatal». Page habló de que hay antecedentes de sentencias emitidas por el Constitucional enmendando las del Supremo «porque tiene claro, como nosotros también, que la preferente es la autonómica».
Así las cosas, aseguró que el Consistorio está «en la obligación» de mantener el criterio jurídico del exalcalde José Manuel Molina y de la comunidad autónoma. «Toledo tiene una seguridad jurídica en su Plan de Ordenación aunque tiene pendiente un debate de qué es lo mejor para el futuro». Y es que, incidió en la necesidad de «adaptar el urbanismo de Toledo a una realidad más austera».
De este modo, aseguró que su posición como alcalde pasa por la defensa de los intereses generales de la capital regional. Es más, indicó que si en este momento no recurren al Constitucional «no sería viable que la administración regional retomara las obras del hospital».
De este modo, García-Page manifestó que tiene la esperanza de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en la misma dirección de casos similares en los que ha establecido que prima la ley autonómica como en Cadaqués, en la provincia de Gerona. Aclaró, por tanto, que «no recurrimos de forma filibustera ni por ganar tiempo sino porque nos lo están diciendo los letrados, los servicios técnicos del ayuntamiento y también la comunidad autónoma». En cambio, indicó que si la decisión del Constitucional resulta adversa, «nos limitaríamos a publicar el plan tal y como está aprobado y se ratificaría, en este momento la ciudad se quedaría sin plan en tanto quedara aprobado por la comunidad autónoma». Además, calcula un año y medio o dos años como periodo en el que se podría alargar el proceso.
En cuanto a la devolución del IBI en caso de que el recurso no prospere, Emiliano García-Page indicó en la pasada jornada que «quien aprueba el Plan de Ordenación es el Gobierno regional» y, por tanto, «tendría que asumir en consecuencia las decisiones de su aprobación de manera que todo lo que afecte negativamente en el ámbito financiero a la ciudad sería repercutible al Gobierno autonómico». Si bien, dijo que «otra cosa distinta es que en el tiempo en el que hubiera que ejecutar la sentencia pudiera posponerse el padrón o el catastro, pero el IBI es un impuesto que los ayuntamientos aplican como consecuencia de un Catastro del Estado, si el catastro se ha equivocado, los costes son del catastro, si la decisión mal tomada es la autonómica las consecuencias son para el Gobierno autonómico, vamos a mantener el Plan de Ordenación evitando un problema al Catastro y al Gobierno regional».
Para finalizar aseguró que si el Ayuntamiento mañana tuviera que ejecutar la sentencia, «convocaría un plan extraordinario urgente para que se aprobara el POM como ya se aprobó para que la CCAA, en el menor tiempo posible, lo aprobara también, en un mes se subsanaría el error y no se emitiría ningún tipo de recibo».