Un tirón de orejas. Lo recibió el Ayuntamiento de Toledo en materia laboral. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social notificó una sanción por importe inicial de 3.000 euros, que posteriormente se quedó en 1.500 euros. Esta cantidad responde a una «infracción grave» por la contratación temporal por obra o servicio de tres animadores socioculturales.
Así consta en la Junta de Gobierno Local del pasado 6 de marzo, cuando el equipo liderado por Milagros Tolón decidió recurrir la decisión de la Inspección de Trabajo, dependiente de la Consejería de Economías, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Fue el 21 de agosto de 2018 cuando el Consistorio capitalino recibió la notificación de la infracción por la contratación temporal por obra o servicio por 3.000 euros. Unos días después, el Ayuntamiento formuló las alegaciones pertinentes al escrito.
En febrero de 2019 recibió la respuesta correspondiente de la Junta, en concreto la notificación de la resolución del director provincial de la Consejería en la que modificaba la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo de 3.000 a 1.500 euros.
La Junta de Gobierno Local acordó recurrir la sanción con un recurso de alzada contra la resolución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.