Los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura retoman hoy las negociaciones para definir el modelo de política agraria que se pretende llevar a cabo a partir de 2023 en el marco de la nueva Política Agrícola Común con la redacción del Plan Estratégico para la distribución de unos fondos de 47.724 millones de euros para los próximos siete años. Se trata de una cifra igual a la del periodo anterior en moneda corriente. Bruselas, al margen de las grandes líneas cuyo cumplimiento es obligado, deja a cada país un amplio margen a la hora de la asignación de los fondos para que los estados miembros decidan en función de las necesidades particulares de su propio sector agrario.

Atocha contempla el desarrollo de contactos bilaterales con los consejeros en los primeros meses de 2021 destinados a cerrar un primer borrador de Plan para presentar en Bruselas en primavera; y otro definitivo en otoño para su aprobación por la Comisión en 2022 y disponer así de tiempo para diseñar su aplicación en 2023.

En la conferencia sectorial celebrada el pasado mes de julio se abordaron y quedaron prácticamente cerradas algunas cuestiones como la definición del agricultor genuino o persona cuyos ingresos agrarios supongan al menos entre un 20% y un 30% de su renta total o la consideración también como prioritario del pequeño agricultor de entre seis y diez hectáreas por su papel en el tejido socioeconómico en muchos territorios, que percibiría una ayuda de entre 200 y 250 euros por hectárea. Hubo acuerdo sobre la necesidad de avanzar de una forma mucho más rápida hacia la convergencia de ayudas o su redistribución, así como para la eliminación de los pagos por derechos históricos en 2025, pero no se llegaron a diseñar los mecanismos concretos para su consecución.

Este nuevo encuentro se desarrolla una vez que los ministros de Agricultura cerraron ya en Bruselas el pasado mes de octubre los reglamentos para la próxima reforma en los que, entre otros aspectos, se contemplaba la posibilidad de que un país miembro pueda destinar hasta un 13% de los fondos para los pagos directos a pagos acoplados, un 3% para apoyar a programas sectoriales, el 20% para pagos de los ecoesquemas o el techo de los 100.000 euros por peticionario y desde los 60.000 para aplicar el capping o recorte de ayudas. Igualmente tiene lugar cuando Comisión, Consejo y Parlamento ya han dado luz verde al desarrollo del periodo transitorio en los años 2021 y 2022 para la aplicación de la PAC que no supone ninguna novedad en cuanto que van a seguir funcionando los mismos mecanismos a la hora de solicitar las ayudas y en el cumplimiento de la condiciones para acceder a las mismas.

Una novedad sin embargo importante a la hora de los debates entre Agricultura y los consejeros del ramo para la distribución de los fondos es la casi veintena de recomendaciones de la Comisión en materia medio ambiental y de la condicionalidad que deberán cumplir los países para acceder a las ayudas y que afectan a cuestiones como el uso de fitosanitarios, emisiones, erosión, suelos vivos, biodiversidad etc.

En realidad no se trata de nada nuevo, sino de algo que ya se enunciaba en las estrategias ‘Del campo a la mesa’ y ‘Biodiversidad UE 2030’ en el marco de la política verde cuando se hablaba de reducción de emisiones, el uso de los productos fitosanitarios para los suelos (se contemplaba una reducción del 50%), la disminución del 20% en el uso de fertilizantes, el mantenimiento de los suelos vivos libres de metales pesados o la lucha contra la erosión. Ahora ya no son solo ideas contempladas en un documento de estrategia, sino exigencias veladas que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar ese Plan Estratégico.

Con este nuevo escenario, en esta casi recta final de los debates para definir ese Plan, se abordarán cuestiones como los apoyos a los jóvenes, las nuevas políticas de Desarrollo Rural que sustituyan a los actuales programas nacional o autonómico y muy especialmente la política de los pagos acoplados, donde se apuesta por su destino a las cabañas ganaderas, fundamentalmente extensivas, con la posibilidad de llegar a que supongan hasta un 13% de los pagos directos. Desde Castilla-La Mancha, su consejero, Francisco Martínez, reclama pagos acoplados para el olivar de bajo rendimiento o un sistema de apoyo que asegure su viabilidad por su papel en el sostenimiento del territorio.

En lo que afecta a las ayudas para los programas sectoriales, la nueva reforma contempla la posibilidad de que los fondos supongan hasta un 3% de los pagos directos. Actualmente hay programas de ayudas para sectores como el vino o las frutas y hortalizas. A estas producciones está decidida la incorporación del olivar y desde Castilla y León se quiere añadir el ovino, dadas sus dificultades para sobrevivir.

Pero, entre todas las cuestiones objeto de los debates, por lo que supone en la asignación y distribución de los fondos, no se oculta que un tema clave puede ser el proceso de la convergencia de las ayudas y del fin de los derechos históricos para modificar la actual distribución de los recursos por la que unos territorios y unos agricultores perciben más que otros por hacer lo mismo.

No hay una posición definida sobre la convergencia de ayudas o redistribución de fondos que colea desde 2014 y el objetivo es que un agricultor por la misma actividad reciba los mismos fondos sea cual sea su ubicación. Prácticamente con la sola oposición de Andalucía, las demás comunidades autónomas apuestan por acabar con esa situación de desequilibrio en los pagos acelerando ese proceso de convergencia ya desde 2021 en base a los reglamentos de transición vistos por Consejo, Comisión y Parlamento ante el retraso en la entrada vigor de la nueva reforma hasta el año 2023.

En este debate sobre convergencia o redistribución de ayudas, Agricultura debe dar también un primer paso con la reducción de las actuales medio centenar de regiones a una veintena.