Ni tomó la decisión en octubre de 2007 como alcalde de Puertollano «de que se fraccionase» en 69 partes la contratación de las obras de cimentación y graderío de la segunda fase del coso polivalente de Puertollano, ni buscaba «beneficio alguno con este procedimiento», según declaró ayer Joaquín Hermoso Murillo, quien afirmó que solicitó un informe técnico y de legalidad que resultaron ser «favorables» y no tuvo motivos «para desconfiar» de los profesionales y servicios municipales que los emitieron.

El que fuera alcalde por el PSOE entre 2003 y 2013, Joaquín Hermoso Murillo, declaró ayer en calidad de imputado en el llamado Caso Cerrú ante el magistrado presidente del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Ignacio Cobo Escribano, en el primer día de juicio por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de estas obras, unos hechos que se remontan a finales de 2007, ya en su segundo mandato político.

Joaquín Hermoso, para quien la Fiscalía pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, negó además ante el juez «vínculo alguno» con la empresa que resultó adjudicataria de la mayor parte de los contratos de obra que fueron fraccionados. El exsecretario municipal, Juan Luis Vázquez Calvo, y el arquitecto técnico, Eugenio Ángel Manso, también están siendo juzgados por el mismo delito.

La Fiscalía mantuvo que los encausados eran conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación y sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de una contratación para las obras de la segunda fase de construcción del Coso Polivalente de Puertollano, cuyo importe ascendía a 2.598.451,54 euros. El objetivo de esta decisión, sostiene la fiscal, era tramitar los distintos contratos sin publicidad «adjudicándolos de forma directa y actuando entre ellos con total connivencia».

Informes. El exalcalde se mantuvo tranquilo durante todo el juicio, que ocupó gran parte de la mañana, y contestó sólo a las preguntas del Ministerio Fiscal y de los letrados de la defensa en tercer turno, tras escuchar al exsecretario y al arquitecto técnico. Murillo no quiso responder, como los otros dos imputados, a las acusaciones populares que ejercen los partidos políticos de IU y PP. A preguntas de la fiscal, señaló que la decisión de continuar las actuaciones llevadas a cabo entre 1999 y 2003 fue «política» y que se tomó a finales de 2007 en el marco del equipo de Gobierno. Explicó que fueron los concejales que habían estado en el Ejecutivo local durante la primera fase los que propusieron realizarla «de la misma manera que se había realizado entonces», ejecutándola con recursos propios y contratando fuera lo que no podía realizar el Ayuntamiento. «Pero yo aún así solicité un informe técnico y un informe de legalidad que avalara la construcción modular del coso, y si no lo había yo no hacía nada», respondió a la Fiscalía. En este sentido, sostuvo en el banquillo que los dos documentos respaldaban continuar la construcción modular «sin impedimentos para que la obra se pudiera hacer así». «No desconfié en ninguna de las decisiones de los técnicos de que se pudiera hacer».

A pesar de que había otros técnicos en el Ayuntamiento para poder realizar estas obras, el excalde respondió que se lo encargaron a Eugenio Ángel Manso, porque «era la persona que había venido elaborando esos trabajos en la primera fase y por lo tanto era el que mejor conocía el proyecto» y negó haberlo amenazado para que llevase a cabo el procedimiento de manera fraccionada ni con una fecha concreta para la culminación de la obra en sí. «Queríamos hacerlo de esta forma, como se había hecho anteriormente para poder tener algo acabado para la feria de mayo de 2008 y que el coso se pudiera empezar a utilizar, por eso los módulos, pero fue una decisión que se tomó con los informes», justificó en el desarrollo de un juicio en el que el magistrado se vio obligado a intervenir varias veces para delimitar las preguntas que se formularon como valoraciones y las cuestiones repetidas tanto del Ministerio Fiscal como de las defensas.