Alegría y prudencia a partes iguales. Así se toma el Foro por la Memoria de Toledo la reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática porque aún queda mucho camino hasta que la normativa entre en vigor y, sobre todo, porque «los avances» que incluya tienen que estar muy bien definidos para evitar lagunas en temas tan importante como la anulación de juicios sumarísimos, la reparación moral de las víctimas y las exhumaciones, entre otros.

De momento, es pronto para establecer un análisis pormenorizado de este anteproyecto, puesto que puede ir enriqueciéndose y modificándose a lo largo de su tramitación, pero al presidente del Foro por la Memoria, Emilio Sales, le llama la atención «que no se vaya a tocar la Ley de Amnistía» cuando debería derogarse de inmediato. No es la primera vez que se solicita, ya que los expertos, incluso alguna asociación de jueces, llevan años pidiéndolo porque la normativa en sí y sus distintas interpretaciones han frustrado las posibilidades y han creado un patrón de impunidad y de desprotección hacia las víctimas del franquismo.

Al respecto, Sales insiste en que la Ley de Amnistía tenía que haberse anulado hace mucho tiempo, va en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales y de las directrices de Naciones Unidas, «que la considera una ley de punto y final» que ha prohibido a la Justicia  investigar y condenar los delitos cometidos al amparo de la dictadura.

Sales valora que el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática recoja las reivindicaciones históricas que permitan anular los juicios sumarísimos y establezca ilegítimos los organismos ligados a los órganos de represión franquistas. Sin embargo, considera que en este asunto no pueden quedar flecos y cree que es más delicado de lo que se anuncia y puede ofrecer dificultades «por las presiones que se ejercerán» desde algunos ámbitos. «Habrá que ver hasta dónde se llega porque si se anulan los juicios también el corpus jurídico existente que deriva del franquismo».

Para el Foro por la Memoria es fundamental que la anulación de estos procedimientos que ayudan a encauzar la reparación moral de las víctimas sea «para todos» y espera  «que no haya que reclamar de manera individual con procurador y abogado».

En relación a los condenados en la provincia de Toledo, Sales reconoce que hay «cantidades ingentes», pero resulta imposible ofrecer una cifra aproximada.

La futura ley coloca al Estado y a las administraciones públicas en el centro, con mayor implicación a la hora de abordar las exhumaciones, hasta ahora aisladas y a petición de familiares y colectivos relacionados con la memoria histórica que se encargaban de gestionarlas con muchas dificultades. Sales resalta  el acierto de que estas medidas «pasen a la esfera pública».

Pero el problema no se soluciona por el hecho de que el Gobierno calcule que se exhumarán de 20.000 a 25.000 cadáveres en una legislatura, puesto que es necesario, en su opinión, sentar las bases para que las exhumaciones se realicen con todas las garantías «y las administraciones levanten memoriales donde se ubicaban las fosas comunes» en lugar de borrar esa memoria una vez sacados los restos mortales.

Además, Sales insiste en que la ley debe dejar clara la participación del juez en estos procedimientos, que haya suficiente inversión y vele sobre la responsabilidad de las administraciones para que las asociaciones y familiares «no terminen haciendo el trabajo a Telefónica haciendo zanjas», apunta con ironía.

Por otro lado, Sales espera que el Gobierno se tome en serio la medida porque España es el segundo país, detrás de Camboya, con más desaparecidos, aunque la mayoría figura en registros y documentos que arrojan luz a la hora de proceder a las exhumaciones

Indemnizaciones. El anteproyecto contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Sales no se atreve a profundizar en este tema porque hasta la fecha no se ha logrado nada. «Se habla de las empresas que utilizaron trabajo esclavo, pero habrá que estudiar cómo se afronta esa reparación». Sabe que no es fácil porque «los pocos que han pedido la devolución de lo incautado no lo han conseguido».

ilegalización y archivos

Sales apoya la apertura y  acceso a archivos y fondos documentales. Además, insiste en el acierto de ilegalizar la Fundación Francisco  Franco, y considera imprescindible que su archivo privado, con más de 30.000 documentos, «pase al Estado» y preste servicio a la investigación.