La Puebla de Montalbán tiene desde 2008 encargado a la empresa FCC Aqualia la gestión y explotación del ciclo del agua en este municipio que ya suma más de 7.800 habitantes. Sin embargo, «desde el minuto cero», lamenta la alcaldesa Soledad de Frutos, el Ayuntamiento «incumplió sus obligaciones» y se cometieron irregularidades que «he heredado y a lo que estoy a punto de dar una solución, espero que antes de terminar la legislatura».
De hecho, el proceso se judicializó y la última sentencia del 11 de febrero condena al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán al pago de una indemnización que asciende a 1.287.586 euros. Una sentencia que el Ayuntamiento pueblano, afirma la alcaldesa, ha recurrido en apelación al igual que, aclara la primera edil, la propia Aqualia porque, al parecer, el fallo judicial «nos da parcialmente la razón a ambas partes».
Esta sentencia responde a un proceso contencioso-administrativo iniciado por la empresa después de que el Ayuntamiento desestimara presuntamente por silencio administrativo una reclamación interpuesta por Aqualia el 7 de agosto de 2014, por la que se solicitaba la compensación económica por el déficit generado para la ‘Gestión Integral del Ciclo del Agua’ de dicho Ayuntamiento.
Así las cosas, y dado que Soledad de Frutos accedió a la Alcaldía de La Puebla de Montalbán en 2015, tuvo que afrontar este conflicto que ahora, avanza la alcaldesa, está a punto de tener «una solución integral». Porque, matiza De Frutos, no se trataba solo de llegar a un acuerdo con la empresa con la que «llevo estos cuatro años de reuniones y negociaciones», si no de abordar en paralelo aspectos financieros -el Ayuntamiento tenía una deuda de casi 7 millones-, urbanísticos -había empresas sin Planes Parciales y sin depuradoras- y normativos -la ordenanza de vertidos no contemplaba por ejemplo parámetros de vertidos industriales-, a lo que se han añadido denuncias de la CHTpor vertidos .
Rememora De Frutos que el contrato con Aqualia ya nació con deudas. Y es que el Consistorio liquidó un contrato previo existente con Sacyr que esta empresa llevó a los tribunales que condenaron al municipio a pagar medio millón de euros -«lo hemos tenido que pagar nosotros»- porque no se contemplan los derechos de la empresa.
Además, señala la alcaldesa, el contrato de adjudicación a Aqualia en 2008 llevaba aparejadas unas serie de inversiones que la empresa no acometió porque, entre otras cuestiones, se modificó este apartado para obligarla a realizar «un colector que favorece a un promotor privado» con un coste de 500.000 euros con cargo a esas inversiones.
«Ahora estoy en disposición de proponer una solución integral que quiero llevar al Pleno antes de que finalice la legislatura», señala sin concretar De Frutos. Afirma la alcaldesa que «ambas partes somos conscientes de que estamos condenados al entendimiento» porque el contrato tiene aún otros doce años de vigencia.
La solución no supondrá, asegura De Frutos, problemas económicos al Ayuntamiento porque «no hay salida de fondos» y además supondrá mejorar las instalaciones y cumplir con todos los requisitos medioambientales y de depuración.
En estos años, afirma la alcaldesa, se han ido realizando - «contratamos un equipo de ingenieros»- actuaciones para el buen funcionamiento de la depuradora que, matiza, «ya nació pequeña». Además, apunta que las modificaciones urbanísticas también han permitido, por ejemplo, que Cidacos pueda construir su propia depuradora de modo que se libera de una importante carga a la instalación municipal.