Con el propósito de analizar la situación del Tribunal Constitucional 40 años después, Francisco Javier Díaz Revorio y María Elena Rebato Peño inauguraron las XIX Jornadas de Justicia Constitucional por ellos orquestadas. Bajo la premisa de visionar la evolución de los principios definidores del régimen constitucional, el encuentro reúne en Lorenzana a algunos de los mayores expertos en la materia con la presencia de catedráticos de Derecho Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Y puesto que el ámbito formativo exige que los aspectos tratados y analizados se aborden desde un punto de vista crítico, con perspectiva social y jurídica, hizo lo propio Eduardo Espín Templado aclarando las relaciones entre el poder judicial y el Tribunal Supremo, en concreto, y el Tribunal Constitucional. Por ello, y explicando los problemas jurídicos que existen de interpretación conjunta de derechos y libertades y de otros temas «en los que los tribunales confluimos a veces con fricciones, pero en general con una buena colaboración jurisprudencial entre ambos», el magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM destacó «lo positivo del periodo constitucional» que ha servido para «desarrollar toda una serie de criterios constitucionales de cómo se debe administrar justicia».
Transformación que «todos los tribunales asumieron de forma inmediata» y que ha generado que «la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos esté muy bien protegida» y, desde luego, «mucho mejor que hace 40 años». En este punto, y sobre la falta de empatía de gran parte de la ciudadanía con el mundo jurídico, sabedor de que «hay problemas que en la vida son irresolubles», sí consideró que «se pueden mejorar muchas cosas porque creo que no hay una buena política de comunicación». Desde luego, apreció, «no la hay desde el poder judicial, con todo el respeto al Consejo General del Poder Judicial, porque no se explica bien cómo funcionan, lo bien que funcionan, los tribunales españoles, y eso se podía subsanar».
Y es que, consciente de que «siendo difícilmente evitable en términos absolutos, si se puede ofrecer una explicación a la opinión pública», política, desde luego, «que los poderes públicos nunca la han tenido presente» ya que «la justicia no da votos y los partidos quizá no están muy encima de algunos aspectos de la administración de justicia».
De hecho, señaló que «hay muchas cosas que es difícil explicar porque muchos sujetos políticos, partidos o personas, no tienen una idea muy acabada de lo que es la independencia judicial». Además, aclaró, «si la opinión pública se queda con la última ‘foto’ de los tribunales, en los sujetos políticos suele suceder que el juicio va según los conviene o no la decisión judicial». Esto es, «si es más o menos favorable a sus posiciones políticas generales, aunque no los afecte», lo que confirma que «existe un problema de responsabilidad y también de formación en temas jurídicos» ya que «aunque la mayoría de los políticos normalmente poseen formación en Derecho, a muchos los falta un conocimiento profundo del sistema jurídico».
Se une, a esta realidad, la evidencia de que desde fuera del ámbito jurídico «es natural que no se comprenda bien lo que es la interpretación del derecho», sobre todo si tiene que ver con que una misma ley puede ser interpretada de formas distintas. Ante la percepción de que «no hacemos lo que queremos», Espín aludió a que «las leyes no siempre son matemáticas».
Normalidad en las diferencias. En cuanto a las relaciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, lo que sucede es que «hay algunas zonas en las que nos pronunciamos sobre el mismo conflicto o los mismos litigios» como es la interpretación de derechos y libertades, pero como el Constitucional es quien interpreta la Constitución en el último término, y son derechos constitucionales, su interpretación prevalece».
Pero este tipo de situaciones, a su juicio, «son normales, hay que verlas como algo natural en el mundo de aplicación del derecho». No en vano, apuntó que le gustaría explicar a los universitarios congregados en el Paraninfo que «fueran conscientes de que eso sucede, de que no es nada anormal, que no tiene que implicar un conflicto institucional» porque aunque en ocasiones sucede «no es lo habitual, entra dentro de la lógica del sistema». Así, y para constatarlo, Eduardo Espín tuvo a bien afirmar que «en estos 40 años, a pesar de que ha existido algún episodio de enfrentamiento, lo que se muestran es una labor de interpretación de la Constitución y del ordenamiento jurídico acorde entre todos los tribunales».
En el caso catalán «hubiera sido deseable que no hubiera habido tanta carga de responsabilidad»
El ámbito judicial está sintiendo en los últimos meses la presión de unos y otros en torno a la imposición de penas de cárcel a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición en el conocido como Juicio del Procés. Por ello, preguntado el magistrado del Tribunal Supremo sobre la experiencia vivida en el punto «en el que nos ha cometido, sobre todo lamentablemente en materia penal», aseveró que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «han respondido cumpliendo con su responsabilidad». Máxima a la añadió que «hubiera sido de desear que no hubiera habido tanta carga de responsabilidad sobre los órganos judiciales, que cuando llega hay que asumirla, pero si no llega porque previamente se han hecho mejor las cosas en términos políticos, pues mejor para el sistema». Eso aunque sabe que «so no siempre es posible».
Sobre los desafíos que debe afrontar el ámbito judicial, Eduardo Espín Templado citó la necesidad de contar con «más recursos y más jueces», asunto que significa «dinero pero habría que atender». Además, y pese a que se ha avanzado mucho en informatización y digitalización, «todavía no hay un sistema unificado -programas y bases de datos- que sirva en todo el país» por encima de las competencias regionales, para lograr «la unidad de la Administración de Justicia» porque «el poder judicial es único. Otros aspectos que deberían ir contemplándose serían los relativos a «la estructura constitucional, la del Consejo General del Poder Judicial, o su relación con el Tribunal Supremo», temas de otro orden «que hoy por hoy no son urgentes».