La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, aclara que en Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a la sanidad privada. "Ha funcionado así y no hemos tenido ningún problema que se pueda destacar", comentó. 

Señaló, no obstante, que en la pública se hacen abortos cuando, por ejemplo, corre peligro la vida de la madre. "No hay ningún tipo de polémica, nuestros profesionales santiarios son responsables, miran la salud y bienestar de su paciente", apuntó.

Sobre la posibilidad de crear un registro de objetores de conciencia, Fernández señaló que esperará a hacer una valoración cuando desde el Gobierno de España haya una propuesta concreta y única. "Ahora la señora Darias ha dicho una cosa y la señora Montero otra", comenta. 

Sí señaló que la Constitución podría permitir la creación de ese registro, pero no sería constitucional que hubiera un acceso libre al mismo, así que son cuestiones que se tendrían que dirimir.