Francisco Jesús entró hoy esposado a las 10:25 de la mañana a la sala de la sección segunda de la Audiencia Provincial. Llegó escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que lo dejaron sentado en el banquillo, frente a la juez. Zapatillas deportivas de una conocida marca, el pelo corto y pantalones vaqueros. De esta guisa revivió aquella madrugada del 14 de junio de 2018 que lo condujo a la cárcel de manera provisional, de donde no ha salido desde entonces. La víctima, el médico de Camarena, permaneció en estado crítico y evidencia ahora unas graves secuelas.
La fiscal propuso, y fue aceptado, que el juicio se celebre a puerta cerrada para proteger a la víctima. Y sin una confrontación visual con el procesado. El abogado del médico agredido, Antonio Esteban, sí reveló a los medios que Juan Antonio no recuerda nada de aquella noche fatídica en Camarena. «Ha hecho un relato que no se corresponde. Alguien le ha debido de decir algo, pero no tiene conciencia. Del golpe ha quedado totalmente afectado. Es un gran inválido. Tiene un grado de invalidez muy acusado. Necesita a terceras personas para la vida diaria», detallaba el letrado.
Juan Antonio y su compañera Sandra acudieron hacia las cuatro de la madrugada a una vivienda localizada en la calle del Cura de Camarena. Se trataba de un aviso por una agresión de un hijo a un padre. Apenas tardaron seis minutos en llegar, menos que la Guardia Civil. El médico llamó a la puerta de la casa, y acto seguido, el procesado lo golpeó y continuó con la agresión. Después, fue al vehículo de emergencias donde se encontraba la enfermera y dañó con un cuchillo la carrocería del coche.
La primera sesión de pruebas incluyó la declaración del procesado, el testimonio del médico y de la enfermera del centro de salud de Camarena que lo acompañaba en el aviso de emergencias. La mujer salió llorando de la sala segunda de la Audiencia Provincial. Además, declararon agentes de la Guardia Civil que intervinieron aquella madrugada en la calle del Cura.
La defensa aceptó los hechos, pero la postura de las partes enfrentadas son totalmente dispares. Los tres letrados de las acusaciones particulares (el médico, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de Médicos de Toledo) solicitan 14 años de prisión por un delito de intento de asesinato en concurso con otro de atentado por tratarse de un facultativo.
Por su parte, la defensa y la Fiscalía mantienen que concurre una eximente plena por el consumo de drogas aquella madrugada.
El abogado del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Antonio Muñoz-Perea, subrayó que se trata de la agresión más grave de los últimos años contra médicos en la provincia. Pertenece al bufete que representa desde hace cuatro años al COMT en las agresiones. «Los médicos están siendo víctimas de agresiones de este tipo con cierta frecuencia. Y el ejemplo que se da si se va de rositas por considerarlo una eximente por drogas y alcohol, habitual entre las personas con esta agresividad», aseveró. Y apostilló:«Este es el caso más grave, sin ninguna duda. Hay bastantes agresiones a médicos, pero normalmente son de mucha menos gravedad».
«No estamos de acuerdo. Se basan en un informe forense y se discutirá mañana», dijo Muñoz-Perea sobre la eximente apreciada por la defensa y la Fiscalía.
«Estaba totalmente fuera de sí. No podían contenerlo ni los guardias civiles. Fue brutal»
El procesado no recuerda nada desde unas cinco horas antes de la agresión hasta que aterrizó en la cárcel un día y medio después. Así lo asegura su abogada, Blanca Viedma, quien sostiene la exención de responsabilidades de Francisco Jesús, con el argumento del informe de los médicos forenses, del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado. Está de acuerdo con la adopción de una medida de seguridad por intoxicación plena. A su juicio, le corresponde esta última por el consumo «brutal» de estupefacientes (cocaína y cannabis) mezclado con alcohol y medicación psiquiátrica.
«Compartimos el dolor y la tragedia de este señor (el médico). Mi cliente, aunque no lo crean, no hay día en que no se haya interesado por la salud de este señor», comentó la letrada a los medios y añadió que dos informes médicos determinan que el procesado puede ser inimputable porque tenía sus facultades anuladas. Así, la abogada defiende la aplicación de la eximente y el internamiento en una comunidad en régimen cerrado. «En el que reciba, por un equipo multidisciplinar, un tratamiento para su patología psiquiátrica y para su adicción», aseguró.
«Los médicos forenses han determinado la intoxicación plena en base a toda la cantidad que tuvieron que administrarle de medicación muy fuerte desde que lo trasladaron desde Camarena en la UVI móvil al hospital. Nunca habían visto que a alguien tuvieran que administrarle muchísimo. Pasadas horas, otra vez. Al día siguiente, otra vez. Estaba totalmente fuera de sí. No podían contenerlo ni entre los guardias civiles. Ni atándole los pies, ni en la camilla. Fue brutal», describió.