El secretario de Empleo de CCOO en la provincia, Federico Pérez, y el secretario general de CCOO-Construcción y Servicios en la provincia, José Luis Cerro, informaron en rueda de prensa de la sentencia del Juzgado de lo Social número de Toledo a favor de CCOO y que condena por cesión ilegal de 10 trabajadores a la cementera LafargeHolcim España y a su contrata Acciona Facility Services. La parte interpondrá un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, según CCOO.

La sentencia, fechada el pasado 14 de enero, falla la existencia de cesión ilegal con reconocimiento de la opción de los trabajadores de acceder a la condición de empleados indefinidos de LafargeHolcim España con antigüedad en la fábrica de cemento localizada en Villaluenga de la Sagra. Además, condena a abonar solidariamente a los demandantes la diferencia entre lo abonado por Acciona y lo debido abonar por LafargeHolcim España entre enero de 2018 y octubre de 2019, con cantidades que ascilan, según los casos entre los 26.985 euros y los 4.031 euros.

Asimismo, la condena fija además las mensualidades que hayan devengado y se devenguen hasta el reconocimiento por la mercantil demanda del derecho de los actores, con cantidades que van desde los 1.226 euros al mes hasta los 179 euros al mes, según los casos.

Según los cálculos de CCOO, sólo el año pasado la cementera se ahorró 168.016,75 euros en los salarios de los diez trabajadores. El folio 23 de los 27 de la sentencia considera que la contratación de los trabajadores con la mercantil empleadora «ha sido un mero negocio interpositorio que constituye una cesión ilegal de mano de obra prevista en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.La parte actora, los demandantes, desde el momento inicial de su contratación ha permanecido dentro del ámbito de poder de dirección de LafargeHolcim, que en todo momento ha actuado como su verdadero y real empleador, limitándose la codemandada Acciona Facility Services a ejercer como empresarios meramente formales, al no poner en juego su organización ni instrumento alguno de dirección u organización del trabajo».

Y apostilla: «Salvo en extremos que deben calificarse instrumentales (altas, permisos, nóminas, formación), pues son necesarios para intentar encubrir la cesión ilegal».

Cerro, quien asistió al juicio, agradeció a los trabajadores, a la jueza y a la Inspección de Trabajo en la provincia por las dos visitas realizadas al centro de trabajo. «Acciona no tiene la maquinaria necesaria para elaborar el cemento. Simplemente daba los trajes a los trabajadores, pagaba las nóminas y regulaba las vacaciones. Como mucho daba destornilladores o limas. Herramientas que cualquier empresa puede tener», aseveró.

«Los trabajadores tenían que dar explicaciones al encargado de Lafarge, que era el que mandaba allí», comentó Cerro, quien lamentó que llevaba a un recorte de los derechos laborales de los trabajadores y salarios más bajos.

CCOO ha pedido la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el sindicato está a la espera de la contestación del Juzgado de lo Social número de Toledo. «Estamos hablando de diferencias salariales al año de 19.000 euros. Es cambiar la vida a estos 10 trabajadores», concluyó Pérez.