Nuevo varapalo para Viajes Reina, una empresa que lleva tiempo protagonizando distintos conflictos comerciales. Uno de ellos ha derivado en una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo, que  ha terminado condenando al pago de más de 65.000 euros a la UTE‘ City Sighteeing Toledo’ por incumplimiento de contrato y adeudo de esta cantidad.

La empresa perjudicada decidió hace tiempo llevar a los tribunales a Viajes Reina tras comprobar que no le abonaba el importe de los bonos vendidos para ser canjeados por tickets en el bus turístico. A pesar de la relación contractual que mantenían ambas, la empresa demandada comenzó a retrasarse en los pagos y la UTE perjudicada después de esperar un tiempo para intentar que se regularizase la situación terminó poniendo el asunto en manos de los jueces para  que se cumpliera el contrato y conseguir esos 65.213 euros pendientes, a los que habría que sumar los intereses.

De la sentencia, fechada el pasado 15 de julio, se desprende que la UTE perjudicada interpuso la demanda en virtud de la Ley 3/04 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, lo que motivó que Viajes Reina reconociera la deuda y consignara parte de la misma, en total 58.089 euros. Sin embargo, la demandada discrepa de la cantidad que se reclama y durante el proceso judicial ha dejado claro que no estaba dispuesta a abonar los 7.000 euros restantes porque considera que el cálculo es erróneo y que la empresa demandante tampoco ha cumplido con su obligación contractual «de remitir debidamente justificadas las distintas liquidaciones»

En este caso, el magistrado asegura que la UTE ha aportado datos y documentos que acreditan que Viajes Reina adeuda esos más de 65.000 euros, con lo que está obligada a pagar esta cantidad, a la que hay que sumar las costas, aunque dispone del plazo de de veinte días tras la notificación de esta sentencia para recurrirla ante la Audiencia Provincial de Toledo.

razonamiento jurídico. En la sentencia se apunta que ambas empresas suscribieron un contrato mediante el cual la UTE que gestiona el bus turístico llegó a un acuerdo con Viajes Reina para que esta última pudiera vender bonos dentro de sus paquetes turísticos que más tarde se canjearían por tickets para disfrutar del bus turístico. Según la dinámica del contrato, la empresa demandante le remitía a Viajes Reina las facturas cada quince días para que se las abonara, descontando la comisión  que cobraba por cada bono.

En principio, Viajes Reina admitió la deuda, pero llegó un momento que mostró su desacuerdo con las cantidades e incluso llegó a plantear en el tribunal que la UTE enviaba las liquidaciones «sin la correspondiente justificación». Sin embargo, el magistrado defiende la actuación de la empresa demandada, ya que aporta correos, comunicaciones y facturas que acreditan «los continuos retrasos en los pagos», con lo que entiende que Viajes Reina admitía la deuda y «estaba conforme con las liquidaciones». Por tanto, al magistrado le llama la atención que después no esté conforme con el impago.

El magistrado también resalta el hecho de que Viajes Reina no aporte el escaneo del código de barras  que contabiliza los bonos vendidos para justificar que la deuda no era tan alta como la que reclamaba la otra empresa. Por tanto, según el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se considera que la demanda está suficientemente acreditada.

otros conflictos. Viajes Reina también adeuda una importante cuantía al Ayuntamiento de Toledo derivada de una serie de multas por  transporte de viajeros irregular. La administración ha abierto distintos expedientes sancionadores durante años y calcula que en marzo   se debía en torno a los 200.000 euros. Sin embargo, la empresa lleva mucho tiempo haciendo oídos sordos en el cumplimiento de la legislación, con lo que la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana se vio obligada hace medio año a precintar uno de los autobuses de la empresa Vilar-Viajes Reina, que para el Ayuntamiento son la misma empresa aunque disponga de dos nombres, y permanecerá un año en instalaciones municipales  salvo que un juez dictamine lo contrario.

El equipo de Gobierno municipal se ha visto obligado a dar un paso más ante el pasotismo de la empresa y sus continuos incumplimientos, ya que continúa recogiendo turistas para visitar la ciudad cuando carece de permiso municipal.