Hay proyectos eternos que parecen malditos a pesar de su necesidad. Es lo que parece que ocurrió con el Instituto de Medicina Legal de Toledo, con ámbito también en Ciudad Real, desde el principio. Las demandas de la plantilla de forenses para contar con un edificio que reuniese sala de autopsias, laboratorio y todas las estancias necesarias para llevar a cabo el trabajo era una constante todos los años. En las reivindicaciones también se pedía aumento de personal, pero ni lo uno ni lo otro llegaban a pesar de las carencias que soportaban los forenses en Toledo respecto a otras provincias en las que sí se habían levantado institutos de medicina legal.
Sin embargo, en octubre de 2018 llegó una noticia llamativa. El Ministerio de Justicia ya tenía en mente la construcción del edificio y eso que ni siquiera contaba todavía con un terreno en la ciudad. Por tanto, sería el segundo en la región, porque únicamente se contaba con el de Albacete, con ámbito de actuación también en Cuenca y Guadalajara. Los trámites con el Ayuntamiento de Toledo avanzaban despacio, pero los avances de los Presupuestos Generales del Estado ya se iban llenando de cifras y cálculos. La primera fue de 100.000 euros, aunque no se especificó el destino.
Se sabía además que el coste del proyecto era caro, pues superaba los tres millones de euros, pero parecía que la administración estaba dispuesta a paliar de una vez las deficiencias de la plantilla forense de Toledo, y las previsiones indicaban que las aportaciones más fuertes se realizarían a partir de 2011 porque la intención inicial era tener listo el edificio en 2013. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia fue perfilando el acuerdo de cesión y consiguió que el Ayuntamiento cediese una parcela en la calle Dinamarca durante 75 años, 25 años más que en los planteamientos iniciales. Los flecos del convenio se alargaron, puesto que el Ayuntamiento quería que la ejecución del proyecto coincidiera con las obras de urbanización, pero Justicia prefirió que la parcela estuviera libre de cargas.
Ese mismo año también se proyectó el inicio de la remodelación integral de la Audiencia Provincial, que también ha tenido que esperar más de diez años para su ejecución a pesar de las necesidades que se planteaban.
un proyecto sin agenda. Las intenciones cayeron en el olvido muy pronto y el proyecto quedó aparcado en 2012 por la situación económica y los ajustes del Ministerio de Justicia. Si bien, todavía figuraba en los Presupuestos Generales del Estado que se destinarían 3 millones de euros a partir de 2014, pero no se materializó. La decisión ocasionó cierto revuelo e incluso los diputados socialistas por Toledo preguntaron en la mesa del Congreso porque creían que se trataba «de una excusa del PP». El proyecto se esfumó de la esfera pública sin más hasta hace unos meses.