Las administraciones públicas en Castilla-La Mancha, es decir, los ayuntamientos, la Junta de Comunidades y el Estado, han dejado de invertir una media de 5 millones de euros, entre octubre de 2019 y febrero de 2020, al permitir la rebaja en la adjudicación de contratos públicos, según el Observatorio de la Contratación Pública elaborado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la región.
Esta cifra la ofrecieron en rueda de prensa el secretario general de la Federación estatal de Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, y la secretaria regional de la citada federación, Remedios Toboso, quienes subrayaron que el Observatorio ha sido creado con el objetivo de «tener más datos para denunciar más los incumplimientos» de las administraciones y para intentar que «no se adjudique a la empresa más barata».
Toboso confesó que desconoce a qué dedican este dinero las administraciones y aseguró que «si no se invierte», irá a un «fondo de agujero negro que absorbe millones».
De los 30.000 trabajadores que pertenecen al servicio público en la región, la adjudicación de contratos a los que se refiere el sindicato corresponden a los sectores de limpieza de hospitales, universidades o colegios, el mantenimiento de carreteras, la vigilancia en centros oficiales o la ayuda a domicilio, entre otros.
El sindicato cifró en 30 millones de euros la cantidad destinada por estas tres administraciones públicas al precio de licitación de estos contratos, el cual se ha reducido en 5 millones de euros y supone un 16 por ciento de rebaja entre el precio de licitación y el precio de adjudicación.
«Las que más han dejado de gastar» a raíz de esta rebaja en contratos públicos, según el sindicato, han sido las entidades locales, unos 3,5 millones; seguidas del Estado, con 628.642 euros y la Junta, con casi medio millón de euros no invertidos.
Esto supone una reducción del presupuesto en contratos públicos del 15,8 por ciento entre las tres administraciones. Los sectores más afectados serían el mantenimiento de carreteras, con una rebaja del 26%, y jardinería y obras, con una reducción del 18%.
Del total de contratos públicos sacados a licitación, la mayor parte se realizan por parte de las entidades locales, el 60%, el 24% corresponden a los efectuados por la Junta de Comunidades y el 16% a la Administración General del Estado.
QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA EUROPEA. El secretario general de la Federación estatal de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras demandó que se derogue la Ley de Desindexación -a la que se acogen las administraciones «para poder rebajar los precios de los contratos públicos- y que la contratación se rija por la Ley europea de contratos públicos, «que si marca claramente que la mayor parte» se realicen con «criterios de calidad y no de precio».
«Que el precio de licitación sea el precio final de adjudicación y se contrate a empresas que ofrezcan mejor servicio, mejor calidad y mejor garantía de mantenimiento de lo que se haga», remarcó Sánchez, que aseguró que las administraciones públicas están siendo «cómplices» de los impagos salariales, o bien de la Seguridad Social o a Hacienda, que cometen muchas empresas que, al final, no son capaces de cubrir el servicio adjudicado.
«Las administraciones públicas no están siendo garantes del cumplimiento que las empresas privadas tienen con los trabajadores o con la Seguridad Social o Hacienda; con lo cual nos damos cuenta de que no existe una mejor eficiencia por parte de las administraciones», que fue el argumento empleado por el Partido Popular cuando aprobó la Ley de Desindexación en el año 2015, dijo.