El psicólogo especialista en Psicología Clínica y presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención en suicidio (RedAIPIS) fue tajante al evidenciar que  las personas con ideación suicida  necesitan «algo que los ate a la vida». Lo requieren porque «a una madre que tiene criaturas pequeñas en una familia estructurada no le ata nada a la vida» y cree que «sus familiares van a hacerse cargo de sus hijos» al poseer una «visión distorsionada de la realidad».

De ahí que Javier Jiménez Pietropaolo apreciara la importancia de «conocer la realidad de que se suicidan once personas al día en España, que no hay profesionales que tengan la formación suficiente para detectar, intervenir y prevenir en la conducta suicida, y que no hay un programa de prevención a nivel nacional». Eso a pesar de que las cifras de suicidios están «entre 3.000 y 4.000 en los últimos 20 años», razón por la que se ha convertido «en la primera causa de muerte no natural desde el año 2008».

Y lo es no porque «hayan aumentado de una manera bestial», sino porque las otras causas de muerte han disminuido gracias a los programas de prevención. Sólo apuntar que «se ha bajado de 6.000 muertos en accidentes de tráfico en 15 años a menos de 2.000.

Por todo ello, Jiménez destacó que aunque hay comunidades autónomas que poseen programas de prevención de suicido, no cuentan con la necesaria dotación de medios económicos y humanos. De hecho, evidenció que son muchas las que desean «enseñar a los médicos de atención primaria si un paciente tiene ideación suicida» cuando, sentenció, estos profesionales «aseguran que el tiempo medio por paciente es de siete minutos» y lo único que pueden hacer es «derivarlos a Salud Mental».

Especialización que «en muchos casos ya está saturada porque es la gran olvidada de los sistemas de salud», lo que remite a la necesidad de articular «una buena base con una adecuada ratio de profesionales que puedan atender de manera adecuada a esas personas».

No olvidó apreciar este psicólogo que, además, «la primera cita en los casos más optimistas ronda los tres meses» y que «el 80% de las personas con cita preferente en Salud Mental, porque han intentado suicidarse, no asisten». No acuden «porque creen que sólo los van a recetar antidepresivos y ansiolíticos», cuando «los fármacos no quitan el dolor emocional», porque «hay que enseñar a la gente que hay otras formas de dejar de sufrir que no tiene que pasar por matarse».

Y puesto que «las autoridades político sanitarias «no saben sobre programas de prevención ni saben sobre la conducta suicida», instó a la implicación «de la sociedad y de los medios de comunicación porque hasta que no se hagan eco de este grave problema no se van a tomar cartas en el asunto». Porque la atención debe sustentarse en la «psicoterapia de un profesional que tenga conocimientos y un alto grado de empatía con la personas que ha pensado en suicidarse» y con «los familiares, profesionales, medios, policías o bomberos».

1.500 años de castigo: «Hasta 1983 no se enterraban en un cementerio»

Es indudable que, en torno a la falta de visibilización de los casos de muerte por suicidio sigue teniendo mucho peso «la herencia de 1.500 años de castigo» porque, recordó este especialista, «hasta 1983 no se podía enterrar en un cementerio a un suicida» año a partir del cual «se comenzó a generalizar que el se suicida tenía un trastorno psicológico» para, con ello, «tirar balones fuera». En este punto, Javier Jiménez aludió a la necesidad de «saber por qué tenía ese trastorno» ya que «las autoridades, por norma general, miran para otro lado, no quieren ver esta problemática ni ver el dolor y la devastación que dejan en cantidad de familiares».

De hecho, y por fijarse en las cifras económicas derivadas de estas situaciones, el psicólogo fue tajante al marcar, por ejemplo, «lo que ha costado formar a ese profesional que se ha suicidado, lo que suponen las bajas por motivos psicológicos de la mujer o la hermana» del fallecido. Aún así, denuncia, «no se hace nada».

Un sólo ejemplo: «Hace poco acudieron tres helicópteros a sacar a una persona que se había suicidado, un coste con el se hubiera podido desarrollar un buen programa de prevención de suicidios en una comunidad autónoma».