El Gobierno quiere coger el toro por los cuernos y reducir definitivamente el número de fallecidos en las carreteras españolas -1.180 personas el año pasado-, en ascenso desde los últimos años, y para ello se ha propuesto acabar con aquellas infracciones que provocan la mayoría de los siniestros con muertos al volante.

Para reducir la siniestralidad, el departamento que dirige Pere Navarro, el inventor del carné por puntos en 2006, ha creado una batería de medidas que se irán implantando a lo largo de 2019 con el único objetivo de que este año y los siguientes muera mucha menos gente en las carreteras nacionales.

Una de las primeras actuaciones, en vigor desde el pasado martes, es reducir el límite máximo de velocidad a los turismos de 100 kilómetros por hora a 90 en las carreteras secundarias, es decir, en aquellas vías de una única calzada en cada sentido, lo que supone levantar el pie del acelerador en 14.419 kilómetros de la red viaria española.

Las estadísticas demuestran que este tipo de carreteras, en ocasiones menos frecuentadas, así como menos vigiladas tanto por la Guardia Civil de Tráfico como por los dispositivos técnicos -radares- tienen una elevada siniestralidad. Solo en 2018 murieron casi 900 personas en estas vías, el 77 por ciento  de todos los fallecidos en carreteras interurbanas.