El Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Talavera ha reiterado su rechazo a la habilitación procesal del mes de agosto y al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 que se está tramitando en el Senado.

En nota de prensa, la decana del ICA Talavera, Marga Cerro, informa del acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la ciudad, tras las declaraciones del Ministro de Justicia, para reiterar que la medida adoptada por el Ministerio de Justicia de la habilitación  procesal del mes de agosto contó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía y, específicamente, del Consejo de la Abogacía de Castilla-La  Mancha y de este Ilustre Colegio de Abogados.

Dicha  medida, «es  y  está  siendo  del  todo  punto  ineficaz  para solucionar el colapso de la Justicia», explica, y asegura que «es  intolerable  que  los  abogados  y  abogadas  no  puedan  descansar  durante  este mes,  tradicionalmente  inhábil,  a  diferencia  del  derecho  que  conservan  los  funcionarios, jueces,   fiscales   y  letrados  de  la   administración  de  justicia  que  se  encuentran  de vacaciones y disfrutan de las mismas como es su derecho»

Desde el ICA de Talavera rechazan de igual manera la actuación  «de  aquellos  Juzgados  y  Tribunales  que  están procediendo a la notificación indiscriminada de resoluciones en toda clase de asuntos, sin razón  de  urgencia  ni  justificación  alguna, incumpliendo  con  ello  las  recomendaciones  del Consejo General del Poder Judicial a este respecto». Consideran que esta  medida  «es  una  total  y  absoluta  desconsideración  hacia  la  Abogacía,  y  con ella se conculca el legítimo derecho a la conciliación familiar».

En este sentido, añade que «es tal  la  falta  de  respeto» que actualmente  existe  en tramitación en las Cortes Generales un Proyecto de Ley que pretendía dejar sin efecto la habilitación  de  este  mes  de  agosto,  «pero  que,  sin  embargo,  no  ha  podido  aprobarse  a tiempo precisamente por encontrarse en periodo vacacional el Senado». Algo que «resulta una auténtica paradoja, unos profesionales nos quedamos sin descanso porque otros se van a disfrutar del suyo».

Desde el ICA rechazan, como  así  se  ha  trasladado  desde  el  Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), el  Proyecto  de  Ley  de medidas procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  Covid-19 en  el  ámbito  de  la Administración de Justicia, actualmente en tramitación en el Senado. Como recuerdan, establece en su artículo 18 «importantísimas limitaciones para el desempeño del derecho de defensa por los abogados, al establecer la atención a los profesionales por sistemas no presenciales, exigiendo incluso cita previa para acudir a la sede judicial». Algo que «resulta incompatible con la  premura  de  los  plazos  que  se  deben  cumplir,  en  lugar  de  implantar  efectivamente  el expediente judicial digital, como se viene requiriendo desde la Abogacía».

Para el ICA, la citada reforma legislativa que se pretende «es una merma a los derechos de la ciudadanía, una merma al ejercicio de nuestra profesión, somos parte imprescindible de la Justicia, y estas modificaciones y limitaciones al acceso de abogados y abogadas ante los Tribunales  y  acceso  a  las  sedes  y  expedientes  judiciales,  no  puede  ser  limitada  de ninguna manera».

Por  estos  mismos  motivos  rechazan  «la  posible  generalización  de  la  celebración telemática de juicios», que deberán celebrarse presencialmente, con la intervención de los ciudadanos  asistidos  de  sus  abogados  constituidos  en  la  sede  judicial,  ante  el  Juez  bajo cuya inmediación debe celebrarse la vista del juicio, con la adopción de todas las medidas higiénico sanitarias precisas, señalan.

Desde  el  ICA  Talavera  de  la  Reina sostienen que seguirán denunciando «que  con  las medidas  adoptadas  y  las  que  están  en  tramitación,  se  está  atentando  al  ejercicio  del derecho de defensa, se está poniendo en peligro el ejercicio profesional de los Abogados y Abogadas, y se están vulnerando derechos fundamentales que se recogen en la CE». Algo que desde  este  Colegio  «no  se  va  consentir,  y  así  se  trasladará  las  Instituciones correspondientes,  quedando  a  la  espera  de  la  celebración  del  próximo  pleno  del  CGAE para determinar las posibles medidas a adoptar por los 83 colegios y sus correspondientes Consejos».