Pedro Sánchez, con su habitual optimismo, tras el confinamiento vendió que los españoles disfrutarían de una «nueva normalidad». Con ese estandarte ha dado un giro a la situación institucional, política y social que, como diría Guerra, a la España actual «no la reconoce ni la madre que la parió».
Esta semana el Gobierno de Sánchez e Iglesias, con sus aplaudidoras figuras decorativas ministeriales, han cometido dos hechos que efectivamente dibujan una nueva situación para España: primero, no autorizar la asistencia del Rey al acto de entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela de Práctica Jurídica, con sede en Barcelona, acto que siempre ha presidido Don Felipe; segundo, dar una vuelta de tuerca a la independencia de los jueces promoviendo desde el Ejecutivo el indulto a los independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Por otra parte, como nueva interferencia en las cuestiones de la Justicia, ante las declaraciones sorprendentes del teniente fiscal Antonio Navajas arremetiendo contra sus compañeros, en lugar de abrirle un expediente disciplinario como sería lo indicado -no sería la primera vez que se llama al orden a un fiscal por declaraciones inoportunas- la Fiscalía abre una investigación sobre los fiscales mencionados por Navajas, un hombre al que le quedan apenas unas semanas para su jubilación.
Los analistas han deducido que estos gestos inaceptables de un presidente de Gobierno contra la Jefatura del Estado y la Justicia, hay que interpretarlos como una concesión a los independentistas catalanes, que tienen como bestias negras de su política secesionista al Rey Felipe. No olvidan su importantísimo discurso del 3 de octubre, inmediatamente posterior a la jornada de rebeldía en la que convocaron un referéndum ilegal, ni que los tribunales españoles cuentan con jueces y fiscales que han determinado que los capitanes de las revueltas del 1-0 han delinquido y los ha enviado a prisión. No se inquietan estos presos excesivamente: ya está preparado el indulto.
Preocupación
El Gobierno intenta neutralizar al Rey utilizando como látigo la Constitución, que recoge que sus actos deben ser refrendados por el Ejecutivo.
Hasta ahora, en los 40 años largos de democracia, es la primera vez que se le indica al Jefe de Estado que no está autorizado a cumplir determinado acto de su agenda; ha habido sugerencias, indicaciones sutiles, pero nunca como hasta ahora se ha cancelado un acto ya programado y anunciado. Con toda seguridad, ha sido un aviso público sobre quién manda aquí, tras meses de defensa de la república por parte de los dirigentes de Podemos y, esta semana, declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias en el sentido de que el establecimiento de la república es el principal objetivo de su partido. Nadie del Gobierno, y desde luego no Sánchez, le ha exigido respeto a la Constitución. En cuanto a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, ha dicho respecto a la no autorización al Rey que «Hay decisiones que están bien tomadas».
Ante los ministros decorativos y aplaudidores hay socialistas destacados, cargos electos en gobiernos regionales y municipales, que no ocultan su desagrado por la deriva del Gobierno. Incluso, algunos de ellos dicen en privado que lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con el empeño de Pedro Sánchez de sacar adelante los Presupuestos -no es cierto que sea una exigencia de la UE para enviarle los 140.000 millones de euros pactados- sino que comparte el criterio de Iglesias respecto a la Corona y la intervención del Ejecutivo en decisiones de la Justicia. Les inquieta tanto esa actitud que es posible que en fecha no muy lejana los que hoy hacen ciertos comentarios en privado se atrevan a hacerlos en público. Más que nada por principios, por ética y por estética. Precisamente, por ser cargos electos saben que el secretario general de su partido no puede cesarlos. Otra cosa es que les impida repetir en las listas autonómicas o municipales pero, como decía uno de ellos «en estos momentos no es un privilegio hacer política. Y no me refiero solo a las dificultades de gobernar con una pandemia encima».
El PP no tiene escaños suficientes para bloquear las iniciativas de Sánchez que más preocupan, el único asunto en el que puede poner pie en pared Pablo Casado es en la renovación de las instituciones judiciales. En la reunión que mantuvo con el presidente de Gobierno le dijo claramente que solo tendría su apoyo si se trabajaba en la no politización de esas instituciones, se exigía una mayoría que obligara al mayor consenso posible, que los candidatos debían tener una acreditada trayectoria en el mundo de la judicatura y que en las negociaciones no tenía que intervenir Podemos.
Un wasap muy significativo
En el PP se recibió un wasap a finales de julio en el que se daba luz verde para dar inicio a las interrumpidas negociaciones sobre la renovación del CGPJ que habían mantenido el ministro de Justicia y, por parte del PP, el exjuez y actual consejero madrileño Enrique López. Se les advertía que la fecha de esa reanudación debía ser posterior al 3 de agosto. En Génova miraron el calendario político para averiguar qué ocurría el 3 de agosto. Nada. Solo cuando se supo la noticia de que el Rey Juan Carlos había salido de Vigo rumbo a Abu Dhabi, se comprendió que el Gobierno no quería que esa salida afectara al clima en el que debían desarrollarse las negociaciones con el PP. El wasap demostraba también que Don Juan Carlos se fue con conocimiento del Gobierno, que había marcado la fecha, incluso algo más, para que se fuera de España.
En contra de lo que se podría pensar las relaciones personales entre Sánchez y Casado no son malas. El clima en el que se desarrolló la reunión que mantuvieron fue cordial, sin tensiones, aunque la portavoz del Gobierno intentó poner el acento en las discrepancias, dando a entender que las políticas, que ya se conocían, se trasladaban al plano personal.
Es de dominio público que es imposible el entendimiento entre el PP actual y el PSOE, y más todavía desde que Moncloa negocia con los independentistas y con Bildu. Y hay que insistir en que se trata de Moncloa, no de Pablo Iglesias como se transmitió en un primer momento, ya que Carmen Calvo ha mantenido un encuentro con miembros de Bildu.
A pesar del escándalo que provocan algunas decisiones del Gobierno, sobre todo las relacionadas con la Corona y con la judicatura, el presidente finalizará la legislatura. A no ser que los gravísimos problemas económicos y laborales que se avecinan provoquen revueltas que Pedro Sánchez no pueda soportar.