Las «reiteradas e insistentes declaraciones de representantes públicos del Ayuntamiento de que el cuartel de la Guardia Civil se construirá sobre un espacio de valor arqueológico de protección de paisaje» suponen, para ‘Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura’, una amenaza más al patrimonio de la ciudad «que se suma a daños reales ya acometidos con la construcción de la consejería de Obras Públicas y, recientemente, de los legalmente discutibles bloques de la ampliación Santa Teresa, y la senda peatonal.
Ante «la incapacidad del Ayuntamiento para cumplir sus responsabilidades de defensa del patrimonio», la plataforma ha dirigido una misiva a la Comisión del Patrimonio Mundial para exponerle los reiterados daños provocados por el Ayuntamiento al patrimonio en la Vega Baja, con incumplimiento de sus obligaciones de protección y de información a Unesco. Señalan, en este punto, que «el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento puede motivar la inclusión de Toledo en la ‘lista de patrimonio mundial en peligro’, y lo que es peor, que Unesco podría llegar a retirar su calificación como Ciudad Patrimonio de la Humanidad», lo que «no sería tan insólito si se tiene en cuenta el precedente de Dresde, privada de esa calificación en 2009».
En el documento se enumeran «los daños ocasionados al patrimonio de la zonas y las amenazas que se ciernen sobre él, derivadas de las modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986», la primera aprobada por el Ayuntamiento y la Junta. En la misiva, se señalan también los riesgos que podrían resultar de un nuevo POM que no tuviera en cuenta los valores protegidos en la zona. Entre las amenazas reales denunciadas, incluye «la ubicación del cuartel de la Guardia en un espacio legalmente protegido», cuando existen «multitud de opciones posibles y probablemente funcionalmente más adecuadas», lo que alude a que «antepone en todo momento su concepto autocrático de la gestión pública y su incomodidad ante todo tipo de participación ciudadana».
Con esta denuncia, la plataforma ‘Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura’ reafirma su compromiso con la defensa de valores patrimoniales que «son de todos» y recuerda «que las administraciones públicas son las primeras obligadas por ley a su protección, nunca a ser causantes de mayores daños de los ya cometidos».