El autor confeso del crimen de su esposa en Mora en 2017, José Rafael G. S. rogó ayer a los magistrados de la Audiencia Provincial que la hija en común pueda ver a su tía y a sus abuelos paternos, residentes en las Islas Canarias. Además, pidió al abogado de la Junta de Comunidades, administración personada en la causa, que vele por los intereses de la menor.
José Rafael, quien reconoció ser el autor del crimen en el juicio celebrado en abril de 2019 cuyo veredicto fue revocado a finales de ese año por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por falta de motivación en algunos puntos del veredicto del jurado, protagonizó esta alocución en la vista para ratificar la prórroga de la prisión provisional, acordada por dos años en un auto de octubre de 2018 antes de la celebración del nuevo juicio, entre los días 23 y 26 de marzo. Durante la breve intervención, fue reconvenido por el juez para que dejara de mirar a los letrados de la acusación. «Tiene que dirigirse a mí», dijo enfadado el magistrado, quien tomará una decisión en breve sobre la continuidad en prisión.
La defensa pidió la puesta en libertad hasta la celebración del nuevo juicio. Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones particulares, entre ellas la Junta, demandaron que continúe en la cárcel estos dos meses.
El abogado de José Rafael, Francisco Javier Serrano, defendió la puesta en libertad provisional porque no se cumplen los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y alegó que el acusado tiene familia y arraigo en España. Además, apuntó que el autor confeso ha pasado ya casi tres años en prisión provisional.
Por su parte, la Fiscalía, representada por el fiscal jefe provincial, Antonio Huélamo, sostuvo que el riesgo de la puesta en libertad ha aumentado con respecto a octubre de 2018 por la sentencia a prisión permanente revisable impuesta por la Audiencia Provincial a finales de abril de 2019. «A mayor expectativa de pena, mayor riesgo de que pueda eludir la justicia», aseveró el representante del ministerio público, teniendo en cuenta que se trata del mayor castigo recogido por el Código Penal español, con un mínimo de 25 años de cárcel. Al respecto, confirmó que se mantendrá la petición de prisión permanente revisable en el nuevo juicio.
Las acusaciones particulares mantuvieron que existe mucho más riesgo de fuga por la condena, aunque revocada, y por el «evidente enfrentamiento personal» contra los padres y la hermana de Cristina Martín.