Aún no hay auto definitivo pero desde el Ayuntamiento analizan cómo harán frente a la más que probable sentencia en contra en el caso de la mala gestión de los planes de empleo. Serán alrededor de 12 millones de euros la deuda que enfrentar desde las arcas municipales, siguiendo el «adelanto» que la providencia del Supremo dictó al inadmitir los recursos presentados por el Ayuntamiento y por IPETA, por lo que desde el equipo de Gobierno ya se están preparando.
No hay nada claro, al igual que tampoco se conoce la cifra exacta a pagar, pero sí se están anticipando para, en el momento en que sea firme, saber cómo enfocar el problema o al menos sobre qué sentar las bases. La portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, ha explicado a preguntas de los periodistas que no solo trabajan ya desde IPETA al respecto, donde analizan caso a caso para conocer la cifra que se adeuda a cada trabajador; también lo hacen como es lógico con los servicios de Intervención y Tesorería, con informes económicos y varias posibilidades sobre la mesa. Así, Bellón habla de la posibilidad de «un plan de pago que se establezca en varios años», probablemente mediante la petición de un nuevo crédito, que no supondría graves consecuencias a corto plazo, aunque insistió en que no hay nada decidido.
La solución última no se conocerá hasta el pronunciamiento final del Alto Tribunal, «que puede retrasarse unos meses», y, por supuesto, con la intención de «equilibrar con la aprobación del presupuesto para hacer frente en la medida de las posibilidades todos los compromisos, en los que no vamos a dejar de trabajar, especialmente en el del empleo».
Uno a uno. Bellón explicó que desde el Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA) analizan uno a uno, «en un ingente trabajo», las demandas de los 2.033 trabajadores que conforman los planes de empleo de 2016 y el primero de 2017 -a los que se refiere la providencia del Supremo remitida hace unos días- además del segundo de 2017, el de 2018 y el Plan de Zonas Rurales Deprimidas. Una vez conocida la sentencia del Supremo, se dará por hecho que será similar para el resto, ya que «tienen el mismo argumento jurídico». Así, «una vez que llegue hay que asumir esa responsabilidad y trabajar para su cumplimiento».
Con ello, concretarán la cifra exacta a pagar atendiendo a las diferentes circunstancias de cada trabajador, ya que hay casos de operarios que han estado de baja médica o algunos que no completaron el periodo de seis meses de los planes. Además, cada uno cuenta con unas condiciones laborales diferentes atendiendo a la categoría de su puesto de trabajo. Con todo, la cifra global que baraja el Consistorio es de 12 millones, aunque la portavoz indicó que «pueden ser más».