El Ayuntamiento de Toledo ha enviado un requerimiento a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para que se haga cargo de la mitad de los 735.888 euros que los tribunales instan a pagar de inmediato por las expropiaciones del Paseo de la Rosa (ejecutadas el año 2005, ya ha llovido). El apremio (una factura de 376.944 euros) se realiza en virtud del convenio suscrito por ambas partes para el desarrollo (urbanización, construcción y venta de viviendas y locales comerciales) del solar donde descansaban las antiguas vías muertas.
Hace quince años, con el fin de ganar el terreno necesario para levantar un PAU sobre el terreno de Renfe (también de cara a ampliar la calle y crear el bulevar central), se expropiaron los inmuebles de los números 3, 5, 7 y 9 del Paseo de la Rosa. Desde entonces hay tres propietarios afectados esperando el dinero: a uno de ellos le deben 239.594 euros; a los otros 248.147 euros para cada uno.
Una parte de la deuda corresponde al precio pactado de la expropiación (el valor de unos locales comerciales «a elegir por los afectados en el Paseo de la Rosa o en la zona de la Vega Baja» que nunca se han entregado), otra a los «daños y perjuicios» ocasionados y una más a los intereses de demora por el tiempo que ha pasado y a las costas procesales.
No hay discusión posible (aunque ha hecho falta que los tribunales, incluido el Supremo, sentencien) porque el acuerdo de expropiación dice explícitamente que si transcurrían 4 años sin que la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo SA (encargada de gestionar la expropiación por el Ayuntamiento) hubiera cumplido la mencionada obligación (la fecha de referencia es junio de 2005), desde ese momento y hasta que se produjera la entrega del local, «se devengarán intereses de demora» a un tipo de interés determinado sobre el importe de valoración del local comercial (148.750 euros).
Esa operación matemática es la que han aplicado los jueces, ni más ni menos: tras constatar la imposibilidad material de ejecutar la entrega de los locales comerciales queda acreditado que la EMV ha incumplido el convenio expropiatorio y «está obligada a la indemnización de daños y perjuicios», sentencian.
reparto al 50%. A su vez, el convenio urbanístico (mayo de 2002) indica que «Adif debe asumir el 50% de los costes totales de las expropiaciones» (esto es 534.789 euros más el 50% del valor atribuido a los locales comerciales).
Adif pagó 327.490 euros (para cubrir costes de urbanización relacionados con la obra del AVE) e ingresó en las arcas municipales los 207.299 euros restantes.
Quedó pendiente la entrega de los locales comerciales cuyo coste se reparten al 50% el Ayuntamiento de Toledo y Adif. Las administraciones, viendo que era imposible cumplir el acuerdo (ni se ha construido en la Vega Baja ni sobre los terrenos de Renfe) realizaron un intento de pagar en metálico pero los particulares lo rechazaron. El asunto acabó los tribunales que han dictaminado de forma definitiva (el Tribunal Supremo ha «inadmitido» un recurso de casación y los juzgados de primera instancia han emitido ordenes para que se realice el pago ya).
«Con la finalidad de ejecutar» las diligencias judiciales el Ayuntamiento de Toledo ya tramitó una modificación presupuestaria (aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda y el Pleno del pasado octubre) y ahora toca repercutir sobre Adif (como socio de la promoción urbana que motiva todo el contubernio) la mitad de la cantidad a pagar.