El 74,6% de los procesados son condenados

M.G
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La provincia de Toledo supera a la media nacional de fallos condenatorios en un 4,1%. El número de sentencias favorables a la víctima cae un 1% respecto al año pasado

El 74,6% de los procesados son condenados

Siete de cada diez sentencias relacionadas con violencia de género son condenatorias en el primer trimestre del año a nivel nacional. El mismo porcentaje se repite en Toledo, pero a ese 70,1%w que figura en la estadística del Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se suma un 4,1% más de fallos favorables en los juzgados de la provincia de Toledo, que mantienen la cifra en un 74,6%.

La segunda lectura de este apartado obedece a la comparativa con el primer trimestre de 2019. Al respecto, el número de sentencias condenatorias ha caído un 1% respecto al año pasado. Establecer las causas resulta complicado, pero desde el Observatorio se indica que el estado de alarma y la paralización judicial que ha afectado los últimos quince días de la estadística del primer trimestre a pesar de que la actividad esencial, como la relacionada con la violencia de género, no se suspendió.

De momento, es pronto para conocer si el comportamiento de los juzgados repetirá el patrón del año pasado, que concluyó con un 82,5% de sentencia condenatorias -un 9,3% más que en 2018-  un porcentaje significativo, sobre todo, si se compara con la media nacional, que se estableció en un 70,5%. Pese a que no hay impunidad respecto a los maltratadores y de que la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, suele alabar la actividad judicial, también resalta cada tres meses la necesidad «de no bajar la guardia» porque se trata de una problemática muy compleja y con muchas aristas.

medidas Las órdenes de protección -alejamiento y prohibición de comunicación en su mayoría-,  son esenciales en estos casos. Los datos indican que se solicitaron 139 en los juzgados de la provincia en estos tres primeros meses, un 8,5% más que el mismo periodo del año pasado. Si bien, se repite el mismo patrón porque no todas fueron admitidas. De las 139 órdenes pedidas los jueces adoptaron 92 medidas y denegaron 47 porque no cumplían con los requisitos exigidos o no lo consideraron necesario en esos momentos.

Las medidas en sí no garantizan el cumplimiento por parte del agresor. De hecho, la estadística contabiliza 73 quebrantamientos de medidas entre enero y marzo, un 180,7% más que el mismo periodo de 2019. En cuanto a la vulneración de las penas, los juzgados de la provincia de Toledo tuvieron constancia de una docena, una cifra mucho menos significativa. Aun así, lo cierto es que continúa resultando llamativa la actitud de los agresores y se ofrece una sensación de inseguridad que tampoco ayuda a que la víctima se acerque a los juzgados a denunciar porque no se siente suficientemente protegida.