La salud económica de hierro que goza el Ayuntamiento de Toledo sufre por una espina clavada, aunque año tras año se hace más pequeña. La ciudad tiene anotados en su contabilidad 28.210.109 euros «de dudoso cobro» (hace un año eran 32 millones) de los que 10,2 millones son del año 2018 y el resto de ejercicios anteriores (1.382.917 euros del año 2011; 1.724.338 euros de 2012; 2.172.843 euros de 2013; 1.971.069 euros de 2014).
Lo más destacado es el IBI que arrastra 747.628 euros de 2011; 671.554 euros de 2012; 1.191.168 euros de 2013; 697.081 euros de 2014. Sin embargo la Tesorería lo enmarca dentro de la normalidad ya que las cantidades se corresponden con «un porcentaje habitual de impagados» del 5%. Luego explica que un volumen importante responde a las deudas por IBI de empresas o contribuyentes en concurso de acreedores (85%) y otro 10% de deudas por IBI se debe a aplazamientos, fraccionamientos y procesos judiciales.
Del impuesto de plusvalías de 2011 están pendientes 285.648 euros y de 2012 otros 460.480. Se consigna que se acaban de ganar 92.718 euros en sentencia del TSJ «por lo que se le ha requerido al contribuyente para efectuar su pago» (es probable que recurra).
A su vez 251.442 euros se han confiado a la AEAT para su cobro. Unos 100.000 euros son plusvalías no abonadas por empresas declaradas en concurso de acreedores.
Del año 2013 son 560.018 euros, la mitad por deudores en concurso de acreedores. Y del año 2014 hay pendientes 763.107 euros.
Suspendidos. Hay 8,3 millones del pendiente de cobro que están suspendidos (29% del total) y 3,5 millones (12,42%) son pagos fraccionados o aplazados.
Las causas de las suspensiones son contribuyentes inmersos en concurso de acreedores (4.457.646 euros). Los funcionarios avisan de que se trata de «derechos de una enorme dificultad de realización» salvo el IBI «debido a su calificación como privilegiado especial, circunstancia que facilita su cobro».
Por litigios en curso, ya sea en vía administrativa o judicial, el Ayuntamiento tiene suspendidos 1.710.987 euros. En teoría estos tienen garantía de coro si se ganan a través de avales o hipotecas sobre bienes inmuebles.
Figuran otros 3.504.072 euros pendiente de que acabarán cobrando, «en especial los fraccionamientos, no así los aplazamientos». Por «otros motivos» son de dudoso cobro 2.130.388 euros.
Una parte del pendiente (1.415.859 euros) se ha trasladado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que «trate de cobrarlo» si bien «el resultado de este Convenio no está siendo el esperado».
Al contrario, los expedientes confiados al Organismo Autónomo de Gestión tributaria de la Diputación para la gestión del cobro de multas y sanciones (632.666 euros) demuestran que este Convenio «ha sido bastante bueno».
Por prescripción hay 81.861 euros que «acabarán dados de baja».
De nuevo la empresa concesionaria del agua debe 2.718.208 euros al Ayuntamiento.
Una nota positiva es que la gestión integral de las multas se ha completado en este ejercicio y deja de ser un problema.