La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una mujer en el momento en que intentaba estafar a un establecimiento comercial tratando de financiar una compra con documentación falsa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de julio, cuando la presunta autora de los hechos se personó en una conocida superficie comercial de la capital junto a otras dos acompañantes, adquiriendo tres televisores, dos tablets, un teléfono, dos ordenadores portátiles, un frigorífico, una plancha y una cortadora de pelo, cuyo importe ascendía a 2.687 euros y solicitó financiarlos.

El comportamiento de estas tres personas, y en particular de la autora material del delito, que elegía los productos de forma compulsiva, levantó las primeras sospechas y, al realizar la comprobación de la documentación que entregó para financiar su compra, se detectaron irregularidades, por lo que desde el mismo establecimiento requirieron la presencia inmediata de la Policía Nacional.

Los agentes que acudieron al lugar corroboraron que la empresa para la que esta mujer decía trabajar realmente no existía y que la documentación presentada era falsa, por lo que se procedió a su detención por una tentativa de estafa.

Cuando se realizó el registro del vehículo que utilizaban para desplazarse, se encontró un contrato de crédito a nombre de la misma mujer para la financiación de una compra de varios electrodomésticos por un importe de 2.118 euros que había sido formalizado cinco días antes en un establecimiento de Illescas; tickets de compra de varios muebles y productos de decoración de otro establecimiento de Toledo realizado el mismo día, por importe de 2.816 euros, compra que había sido financiada y estaba pendiente de ser entregada; y  un presupuesto de una tienda de muebles de Yuncos por valor de 4.720 euros, si bien esta última compra no había llegado a formalizarse.

Las investigaciones continúan abiertas y se está estudiando la participación de estas personas en hechos similares.

La investigación determinó su implicación en varios delitos de estafa que habrían causado a los establecimientos comerciales un perjuicio económico superior a los 10.000 euros.