La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Castilla-La Mancha celebró el aumento producido en el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la región en 2019. Se comenzó el año, explicó en rueda de prensa el secretario regional de la organización, César García, con 147.950 afiliados al RETA, y en el mes de diciembre, la cifra alcanzó los 149.084 afiliados. Ello supone un incremento de 1.134 personas, en términos porcentuales, un 0,77% más.
«Un crecimiento que valoramos como positivo», dijo García, quien aclaró que aunque en cantidad el número no es elevado, «sí consolida» la actividad empresarial en la región. «Estos datos me llevan a pensar que los autónomos no emprenden ahora tanto por necesidad y que sus actividades son más consolidadas», añadió.
Por provincias, Guadalajara es la que más crece en afiliación, un 1,39%, y Cuenca la que peores datos presenta disminuyendo la afiliación un 1,07%. Los motivos, explicó el secretario regional de UPTA, es la pérdida de población de 740 personas, que el emprendimiento en zonas rurales con muy pocos habitantes es más complicado por falta de medios y servicios y las transformaciones de falsos autónomos al régimen general.
En cuanto a los sectores, García incidió en la preocupación por la situación del comercio minorista, que ha perdido 73 actividades económicas en la región en 2019, y por la pérdida de 689 autónomos del sector industrial manufacturero. En su opinión, «las empresas manufactureras generan riqueza, empleo y servicios satélites, por lo que no podemos permitirnos despreocupar el tejido industrial».
Mejoras. El responsable autonómico de UPTA expuso también algunas de sus propuestas en la negociación del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha con el Gobierno regional.
Mejoras a la conciliación laboral y familiar, ya que el actual sistema la impide en el ámbito rural poco poblado; apoyo al emprendimiento de colectivos en riesgo de exclusión social; concesión de microcréditos públicos de hasta 10.000 o 12.000 euros para llegar a la financiación que requiere empezar un proyecto o la eliminación de los impuestos de Transmisiones y Sucesiones en municipios de menos de 1.000 habitantes, que actualmente está dificultando el relevo generacional, fueron algunas de las propuestas elevadas al Ejecutivo.
Otras medidas son ayudas para la rehabilitación de vivienda municipal, talleres de fomento del emprendimiento en colegios rurales, impulso a las agrupaciones de autónomos para que cumplan los requisitos de las licitaciones públicas y hacer posible el acceso de los autónomos a la formación dual para estar siempre adaptados a las nuevas necesidades y conocimientos.