El Gobierno ya tiene lista la ley para suprimir las cámaras agrarias provinciales. «Hoy no tienen utilidad», aseguró el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que explicó que la representación de los agricultores se hace ahora con las organizaciones agrarias. La ley se remitirá al Consejo Consultivo para que la revise jurídicamente. Además de extinguir estos cinco organismos, la normativa también precisa qué hacer con el patrimonio de las cámaras agrarias y eso implica tanto inmuebles en las localidades, como terrenos rústicos y dinero en cuentas. 

Con las parcelas de las cámaras agrarias la Junta va a empezar un proyecto que ya tenía en mente: la creación de un banco público de tierras. «Vamos a crear el germen», ha avanzado hoy el consejero, que precisó que el banco nacerá para facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, priorizando además a los profesionales cuya renta depende del campo. «Aprovecharemos esta ley para poner a su disposicón este patrimonio rústico», expuso. 

En concreto se trataría de 3.576 parcelas. Arroyo reconoció que aún no sabe de cuántas hectáreas estaría hablando. «No tengo el dato exacto de superficie afectada», expuso, «en algunos casos la información es inexistente».

Las cámaras agrarias provinciales tenían también inmuebles en las localidades. El consejero detalló que hay contabilizados 396 inmuebles urbanos. En este caso pasarán a ser patrimonio de la Junta, pero con la condición de que se les dé un uso agrario. Por eso el Gobierno regional los podría ceder a los ayuntamientos o a las organizaciones agrarias. «Siempre con uso agrario», precisó.

En cuanto al dinero que hay en las cuentas, se calcula que la suma asciende a 1,9 millones de euros. El consejero adelantó que este dinero se empleará para la construcción de infraestructuras de carácter rural. Precisó que se destinará a proyectos en la provincia a cuya cámara perteneciera el dinero.

El consejero explicó que toda esta normativa se ha negociado con las organizaciones agrarias en la región. Para poner punto y final a «una figura que ya estaba desfasada» todavía queda pasar la criba jurídica del Consultivo. El Gobierno regional podrá entonces hacer modificaciones al proyecto de ley y finalmente se remitirá a las Cortes donde los partidos políticos podrán proponer cambios antes de su votación final. 

Se arreglan cuestiones pendientes de los pueblos de colonización.

Con esta ley para extinguir las cámaras provinciales agrarias, la Junta ha aprovechado para arreglar algunas cuestiones que estaban pendientes desde la época de la dictadura. Es lo que ocurre, por ejemplo, con  los conocidos como huertos familiares. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, señala que esta figura viene de los años 50 y 60. El problema está en que no se permite su transmisión por herencia, algo que ahora se cambiará. Arroyo apunta que la alcaldesa de Talavera le había insistido mucho en dar una solución a este problema porque en esa zona hay muchos huertos familiares. También con esta ley se permite a los ayuntamientos de los conocidos como pueblos de colonización que puedan gestionar inmuebles como las casas para maestros. 

549,5 millones de desarrollo rural.

Al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana Martínez Arroyo no solo llevó esta ley. También informó al presidente Page, al vicepresidente y al resto de consejeros del dinero que habrá para Desarrollo Rural en 2021 y 2022. Son los daños de transición hacia la nueva Política Agrícola Común. El programa anterior duraba de 2015 a 2020 y destinaba a Desarrollo Rural 1.485 millones de euros. Para estos dos años de transición hay que sumar 549,5 millones de euros más, de los que alrededor de 100 millones vienen por los fondos Next Generation de recuperación tras la crisis del coronavirus. 

El consejero destacó dos de las líneas que prioriza para el Desarrollo Rural, como son las ayudas a la incorporación de jóvenes y la mejora de explotaciones agrarias.